Con frecuencia escuchamos -en los medios, en las conversaciones entre nuestras personas cercanas, en las declaraciones de las personas políticas- que México es un país violento. Todos los días vemos en los medios de comunicación noticias sobre homicidios, corrupción, secuestros, robos a mano armada o actos de crimen organizado. Seguramente también ustedes o sus familiares, amigos o vecinos se han enfrentado a algunas de estas expresiones de violencia. 

Pero también puede ser frecuente que nuestra vida, y la vida de nuestras comunidades, transcurra en paz y tranquilidad. ¿Cómo es entonces la situación de nuestro país? ¿Cómo entender los fenómenos de violencia y de paz desde la experiencia propia y en un contexto más amplio? Como suele suceder, ambas situaciones son reales y pueden convivir en un mismo país, en un mismo estado, ciudad o, incluso, colonia. En nuestra sociedad hay personas, grupos y comunidades que están expuestas a altos índices de violencia y también hay otros quienes viven su cotidianeidad en paz y tranquilidad. Por ejemplo, quienes viven en Baja California o en Zacatecas, experimentan en estos tiempos un ambiente crispado, altamente peligroso, lleno de actos cotidianos de violencia, en contraste con quienes viven en Yucatán o en Tlaxcala. ¿De qué depende el nivel de violencia que experimentan las personas?

La convivencia pacífica es un valor clave para poder vivir en sociedad. Se refiere a la capacidad de establecer interacciones humanas basadas en el aprecio, el respeto y la tolerancia, la prevención y atención de conductas de riesgo, el cuidado de los espacios y bienes colectivos, la reparación del daño y la reinserción comunitaria. Tiene que ver con la manera en cómo las personas se relacionan entre sí en una comunidad y debe ser guiada por el respeto, la tolerancia y la búsqueda del desarrollo colectivo. Para que una sociedad pueda convivir pacíficamente deben garantizarse el ejercicio de tres principios éticos: la inclusión, la democracia y la cultura de paz. La inclusión supone el reconocimiento de la dignidad de las personas, más allá de su identidad, su cultura, sus valores, su pertenencia a su grupo social y se trata de valorar su presencia y participación como parte fundamental de la comunidad. Sin inclusión social, es decir, sin condiciones para que todas y todos puedan participar en la sociedad, resulta complicado que las personas puedan convivir. De ahí que el respeto a la pluralidad sea parte sustantiva de la convivencia. Para que una comunidad pueda convivir de manera pacífica debe favorecer el reconocimiento de logros, esfuerzos y capacidades, atender el cuidado a las necesidades de otros, promover el trabajo colaborativo, así como el sentido de pertenencia, es decir, que cada individuo sienta satisfacción al sentirse parte integrante de un grupo.

La paz no es solo la ausencia de violencia ni de conflicto, sino una construcción colectiva que supone pensar y conseguir las condiciones básicas para la convivencia pacífica. Esta convivencia se enriquece además con la participación activa de las personas, con su compromiso por vivir una vida de respeto y dignidad y con la corresponsabilidad en el seguimiento de los acuerdos que regulan la vida en común, así como por el manejo eficiente de las diferencias y de los conflictos. La convivencia pacífica no sólo busca prevenir los conflictos y evitar la violencia, sino también que cada una de las personas tengan predisposición para solucionar los problemas que se han hecho presentes, las relaciones interpersonales se restauren, se limen asperezas y, sobre todo, que los daños causados sean reparados. 

En este escenario, el hecho de que los liderazgos promuevan la resolución pacífica de las diferencias, encuentren puntos de común y favorezcan el entendimiento resulta clave para la convivencia pacífica, dado que de algún modo los liderazgos inspiran a la ciudadanía y funcionan como pedagogos comunitarios. Por el contrario, si los liderazgos alimentan las diferencias entre las personas o los grupos, polarizan y fomentan actitudes poco tolerantes, la ciudadanía también puede verse en espejo y reproducir esos comportamientos que afectan la convivencia. De ahí la necesidad de contar con una élite política comprometida y leal con la democracia. Un buen ejemplo de un liderazgo inspirador fue el de Nelson Mandela en Sudáfrica, quien estaba convencido de que para superar el apartheid era necesario que las personas se conocieran, compartieran aficiones y motivaciones y construyeran juntas y juntos un nuevo sistema político. Para conocer más de este estilo de liderazgo y su papel como fuente inspiradora de la convivencia pacífica, te recomendamos que mires la película Invictus.

¿Qué es un conflicto? Estamos, nuevamente, frente a un concepto que empleamos cotidianamente, pero que no necesariamente sabemos con claridad qué significa ni tampoco estamos todos de acuerdo cuando nos referimos a él. Nuestras experiencias cotidianas son muy importantes y entender cómo surge y qué significa la existencia de un conflicto resulta clave para saber cómo procesarlos y cómo resolverlos de manera pacífica. Es muy normal que las personas pensemos de manera diferente, por lo que saber identificar nuestras ideas, defenderlas y luchar por ellas es parte de la naturaleza humana. Saber defender esas ideas con argumentos y datos es muy importante y también lo es saber respetar a quienes no piensan como nosotras y nosotros. Además, aprender a convivir de manera pacífica con las y los demás -aún cuando no pensemos igual- es parte sustantiva de la vida democrática. No se trata de que dejemos de ser quienes somos o de que abandonemos nuestras creencias e ideas sino de saber respetar al otro a partir de lo que son sus diferencias.

La existencia o el surgimiento de los conflictos en una comunidad o sociedad es natural e inevitable. Dahrendorf (1971: 239) solía sostener que en todas las sociedades se “producen constantemente en sí mismas antagonismos que no brotan casualmente ni pueden ser arbitrariamente eliminados”. Estas son las causas del conflicto. Toda sociedad tiene dentro de sí divisiones, tensiones, desequilibrios que llevan a las personas a enfrentarse entre sí. De acuerdo con Coser, un pionero de los estudios de los conflictos sociales, el conflicto puede ser entendido como la lucha por los valores y por el estatus, la identidad, el poder y los recursos que suelen ser escasos. En otras palabras, podríamos decir que un conflicto se produce cuando dos o más personas se oponen en la interacción social y cada una de ellas pretende alcanzar objetivos incompatibles y, al mismo tiempo, impedir que la otra consiga los suyos. En este sentido, todo conflicto es una forma de interacción entre individuos, grupos, organizaciones y colectividades que implica enfrentamientos por el acceso a recursos escasos y su distribución (Pasquino, 1991: 298). De ahí que todo conflicto supone enfrentamiento por alguna cosa, idea o recurso e implica que al menos dos personas o grupos tienen visiones diferentes sobre una cuestión. En ese sentido, un conflicto se ve como una relación social en la que la acción se orienta de manera intencionada a llevar a cabo la voluntad propia de una persona o un grupo, a pesar de la resistencia de los demás. El conflicto, de todos modos, no es la única forma de interacción social, ya que también existe la cooperación, entendida como esa interacción social que supone que los actores políticos colaboren entre ellos (Pasquino, 1991: 298).

Los conflictos son parte inevitable y natural de la vida social, pues el individuo en cuanto hombre social está inmerso en múltiples relaciones (zôon politikón), que condiciona a sus semejantes y, al mismo tiempo, se ve condicionado por los demás. En términos de Aristóteles, el individuo se realiza en su comunidad política (en lo que se ha denominado como polis o ciudad-Estado) y hallará la felicidad completa en el marco de esa comunidad. Esa es la esencia de la vida política. Precisamente, una manera de entender cómo son esas relaciones del individuo en su comunidad tiene que ver con el modo en que la sociedad resuelve los conflictos, toma decisiones e integra a sus miembros. Y, por supuesto, también tiene que ver con cómo los individuos procesan esos conflictos y buscan -o no- resolverlos de manera pacífica.

Las hostilidades surgen entonces cuando las personas o los grupos compiten por cosas: empleos, ideas, prestigio, poder, recursos. Cuando los intereses chocan, nacen los problemas (Myers, 2005: 528). Las y los ciudadanos se enfrentan a diferentes tipos de conflictos, que proceden al menos de cuatro fuentes: la lucha por el poder, por los recursos, por la defensa de determinadas características sociodemográficas y/o culturales, por las ideas y/o los valores (Sodaro, 2006: 6). Es más, muchos conflictos se originan en diferentes maneras de entender los problemas y en el modo en que las personas valoran las posibles vías y/o estrategias para resolver esos problemas. Las fuentes del conflicto pueden entonces organizarse en diferentes dimensiones:

El Estado de Derecho, al establecer los límites al ejercicio del poder, se convierte en una de las piezas clave en el funcionamiento de la democracia. Podríamos imaginarnos que el Estado de Derecho, con todos sus principios y reglas, es una especie de camisa de fuerza que restringe los movimientos de quien la lleva fuera de cierto rango aceptable. O que es como las líneas con fantasmas colocadas en una autopista -que son visibles de día y de noche- y que indican por dónde hay que seguir el camino para llegar sano y a salvo a tu destino. En el caso de los caminos de la democracia, estos pueden llevar únicamente a dos destinos: la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.

El acceso a la justicia es la capacidad de las personas de buscar y obtener un recurso -por ejemplo, un juicio- a través de las instituciones formales o informales de justicia para exigir que se les reconozcan y protejan sus derechos. Se trata de un principio básico del Estado de Derecho: sin acceso a la justicia, las personas no pueden defender sus derechos y no pueden frenar los abusos que sufren por parte de los órganos estatales, las autoridades u otras personas.

Para que el acceso a la justicia sea efectivo para todas las personas, es necesario que los gobiernos tomen medidas que permitan el acceso más amplio posible a la justicia, promuevan la educación sobre derechos y la cultura de la legalidad, proporcionen la representación legal gratuita y adecuada, así como el trato justo e igualitario para las personas que acuden a los tribunales. El hecho de que las personas conozcan, valoren y defiendan que exista un Estado de Derecho no es una cuestión menor. Es la savia que garantiza que, esa manera de regular la convivencia, persista. Para promover la cultura de la legalidad y ser responsables con lo que ocurre en nuestra comunidad es importante partir de estos principios:

El principio de legalidad es un valor básico que tiene que ser respetado para que podamos hablar de la existencia del Estado de Derecho: es un piso mínimo que garantiza que el ejercicio del poder debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad de las personas. La legalidad significa, entonces, que ningún gobernante puede desconocer la Constitución o colocarse por encima de ella, y que todas las actividades que realiza una autoridad tienen que respetar las normas. Nadie puede decir -mucho menos un gobernante- que no acepta o respeta lo que dice la Constitución. Bueno… en ocasiones puede llegar a decirlo e incluso hacerlo, pero eso significa que sus actos están al margen de la ley y entonces no pueden ser considerados válidos ni legítimos.

¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es un modelo de organización de un país en el cual todos los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. En este sentido, es una condición política que no hace referencia a ninguna ley específica sino que se refiere al respeto en general a todo un sistema legal. Asimismo, refleja el ideal democrático según el cual el poder político está limitado por el Derecho: en otras palabras, un régimen en el cual las autoridades actúan únicamente dentro de los márgenes establecidos por la ley y su legitimidad depende, precisamente, de su apego a dichos límites (Bobbio, 2015: 458) así como también las personas que viven en esa comunidad respetan esas leyes.

No creas que resulta sencillo definir este concepto. Por el contrario, como en toda definición de conceptos siempre hay una discusión teórica detrás de la definición que se adopta y, por tanto, no hay una única manera de entender las cosas ni de precisar lo que significan. En ese sentido, como ya sabes desde que has iniciado tus lecturas de los primeros Módulos de #FaroDemocrático, es necesario que precises siempre -e identifiques de manera clara- lo que quieres definir y de qué manera hacerlo. Por ejemplo, la definición de Estado en sí misma enfrenta un montón de problemas porque su delimitación depende de la perspectiva que uses, el paradigma desde donde lo observes, de los adjetivos que le pongas al lado y también de la propia historia política que se tenga en cuenta para enmarcar ese término. La noción más común y consensuada de Estado -la misma que nos enseñó el sociólogo alemán Max Weber- es la que sostiene que es aquella asociación u organización que tiene para sí el monopolio exclusivo y legítimo del uso de la fuerza en un territorio dado resulta fundamental para entender de lo que estamos hablando cuando observamos a esta unidad colectiva, da cuenta de la necesidad de vincular el concepto de Estado a diversas dimensiones como la soberanía, la legitimidad o la territorialidad.