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¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?
Comenzamos pensando en los derechos humanos con varias preguntas…
¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son una parte importante de nuestras vidas. De hecho, están presentes en nuestra cotidianeidad de una manera tan profunda que a menudo los damos por sentado. Piensa en la frecuencia con la que bebes agua, comes, vas a la escuela, dices o escribes lo que piensas, te atiende un médico, practicas una religión o una creencia o esperas que los demás te traten con justicia. Todas estas actividades cotidianas dependen de la adecuada protección de tus derechos humanos, así como de los derechos de las y los demás. Parece tan sencillo de decir, pero -muchas veces- no es tan fácil de ponerlos en práctica.
Comencemos con precisar su concepto. Los derechos humanos son una expresión del reconocimiento del valor, dignidad e importancia de todas y cada una de las personas. Su articulación se basa en las ideas de igualdad y justicia y reconoce que las personas —los seres humanos— somos importantes y tenemos algunos derechos básicos —los derechos humanos— que son considerados indispensables para nuestro desarrollo y libertad. Se trata de algunos derechos tan importantes como el derecho a la vida, el derecho a un juicio justo, a no ser torturado ni sometido a tratos crueles e inhumanos, a poder opinar libremente y de creer (o no) en un dios, de poder recibir atención sanitaria de calidad, educación y justicia, así como también de poder viajar, manifestarnos y reclamar por todos esos derechos. Todas estas cosas tan simples de la vida, que tienen que ver con cómo somos, qué hacemos y cómo nos relacionamos con los otros y en nuestra comunidad, suponen derechos humanos.
Las personas gozamos entonces de una serie de derechos. El listado completo que tenemos es muy largo y, además, es una lista que ha estado creciendo a través de la historia. Lo primero que debemos hacer es conocerlos. Puedes pensar que contamos con derechos en todos los ámbitos de nuestra vida: derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; derechos a la identidad, derechos de los pueblos o de la solidaridad y derechos vinculados con el desarrollo científico y tecnológico.
Con el paso de los años, esa lista sigue incrementándose en respuesta al desarrollo tecnológico de nuestra civilización, a la incorporación de grupos de personas que por sus características estaban excluidos del reconocimiento de sus derechos y también de las exigencias de la globalización, entre otros. En ese sentido, en años recientes, se han ido sumando también el derecho de acceso a Internet, al desarrollo y el bienestar o al respeto y protección del medioambiente. Esto evidencia que los derechos no son estáticos ni inmutables sino que pueden ir cambiando con el paso del tiempo, incluso ampliarse hacia otras dimensiones que antes no se imaginaban.
Tabla I. Evolución del reconocimiento de los Derechos Humanos
DERECHOS HUMANOS
Generación.
Primera generación: derechos civiles y políticos.
Segunda Generación: derechos económicos, sociales y culturales.
Tercera Generación: derechos de los pueblos o de la solidaridad.
Cuarta generación: derechos vinculados con el desarrollo científico y tecnológico.
Luchas históricas y actuales.
Revolución francesa.
Lucha contra la esclavitud.
Lucha por la igualdad ante la ley.
Lucha contra las dictaduras y crímenes contra la humanidad como las torturas y desapariciones forzadas.
Revolución industrial.
Revolución mexicana.
Luchas por la justicia social.
Movimientos de obreros y campesinos para garantizar su derecho al trabajo, a una jornada máxima de trabajo, a la creación de sindicatos y a un salario digno.
Luchas de los pueblos originarios por su autonomía: en la conservación de sus tradiciones, su lengua, religión y costumbres, así como en el reconocimiento de sus sistemas de justicia y gobierno. Luchas por la defensa del medioambiente. Generación: derechos de los pueblos o de la solidaridad.
Debates éticos en torno a las ciencias biomédicas, clonación, manipulación genética, derecho a una muerte digna. Desafíos sobre los derechos en la nueva era digital.
Ejemplos de derechos.
Igualdad entre hombres y mujeres.
Derecho a un juicio justo.
Derecho a elegir a nuestros gobernantes.
Derecho a expresar nuestras ideas sin ser perseguidos o sancionados por ello.
Derecho a la educación.
Derecho a la salud.
Derecho al trabajo y a un salario digno.
Derecho a gozar de la cultura y las artes.
Derecho a la recreación.
Reconocimiento del derecho a la diversidad cultural, a la cooperación, a la solidaridad internacional y a la paz.
Derecho a vivir en un medio ambiente limpio y equilibrado.
Derecho a la muerte asistida. Derecho universal al acceso a Internet. Derecho al olvido en medios digitales (que se borren datos personales, imágenes e información que no queremos que permanezca en internet).
Leyes nacionales e internacionales que los protegenechos.
En proceso de definición.
Fuente: Elaboración a partir de Conde Flores et al. (2015: 32).
El reconocimiento inicial de los derechos humanos se plasma en lo que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Esto que parece tan sencillo es básico para que todas y todos conozcamos y comprendamos nuestros derechos. Su elaboración y aprobación supuso un hito en la historia universal.
La declaración fue creada por personas representantes de muchas nacionalidades y culturas distintas, que pertenecían a países con antecedentes jurídicos y culturales diversos pero que sabían que necesitaban poner en común los principios básicos que reconocieran los mismos derechos humanos para todas las personas, sin discriminación alguna, en todos los países. ¿Crees que fue sencillo que todas y todos se pusieran de acuerdo sobre las ideas y valores comunes que deben conocerse y respetarse en todo el mundo? Seguro que no. Pero … qué bueno que pudieron consensuar una serie de ideas básicas que contribuyeran a reconocernos como iguales, ¿no crees?
SABÍAS QUE…
Eleanor Roosevelt, quien fue la Primera Dama de los Estados Unidos entre 1933 y 1945, fue la primera mujer Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos una vez que el Presidente Harry S. Truman la nombró como delegada de su país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946. Ella tuvo una actuación clave en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, Francia, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III). La misma es un documento que funciona como un ideal común para todos los pueblos, culturas y naciones. La DUDH establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, por todos los países, y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La Declaración ha inspirado la redacción de otros tantos tratados internacionales de derechos humanos, ¡más de 70!, los cuales se aplican de manera permanente a nivel mundial y regional. Conocer esta Declaración implica conocer los derechos que nos pertenecen y que debemos exigir y respetar. Sería muy bueno que le dedicaras un poco de tiempo a conocerlos porque, como sabes, es muy difícil exigir aquello que no se conoce.
SABÍAS QUE…
El papel de las mujeres en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Las delegadas de varios países desempeñaron un papel clave para que los derechos de la mujer se incluyeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hansa Mehta, de India, ha sido ampliamente reconocida por cambiar la frase “Todos los hombres nacen libres e iguales” por “Todos los seres humanos nacen libres e iguales” en el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
¡Qué importante el trabajo de estas mujeres para que en la Carta máxima de respeto a los derechos de las personas, se incluyera a las mujeres y a los hombres en condiciones de igualdad! ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué derecho habrías querido que se reconociera?
En la imagen, Angela Jurdak (Líbano), Fryderyka Kalinowski (Polonia), Bodgil Begtrup (Dinamarca), Minerva Bernardino (República Dominicana) y Hansa Mehta (India), delegadas de la Subcomisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, mayo de 1946 en Nueva York.
Fuente: Naciones Unidas.
El proceso de ampliación de los derechos humanos responde al principio de progresividad, es decir, a la idea de que no es posible eliminar o desconocer los derechos humanos que fueron formulados o reconocidos por los tratados internacionales o por los gobiernos. Por el contrario, los derechos humanos solo pueden desarrollarse en una dirección: hacia el reconocimiento y ampliación de cada vez mayor número de derechos, para que todas las personas puedan ejercerlos de manera cada vez más plena y efectiva. Esa es, precisamente, la progresividad.
SABÍAS QUE…
La Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobado por las Naciones Unidas en 1993, señala que “todos los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana, y que ésta es el sujeto central de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que debe ser el principal beneficiario de esos derechos y libertades y debe participar activamente en su realización”.
¿De qué manera puedes “participar activamente” en la realización de tus derechos humanos? ¿Qué acciones concretas harías?
Además de la progresividad, hay otros principios que son aplicables al ejercicio de los derechos humanos: la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia. La universalidad es la idea básica de que todas las personas, todos los seres humanos, sin excepción, gozan de derechos humanos. La indivisibilidad significa que los derechos humanos no pueden fragmentarse o separarse unos de otros. Esto se relaciona con el principio de interdependencia, que refleja cómo los derechos humanos están vinculados entre sí, por lo que el ejercicio de cualquiera de ellos depende del respeto y ejercicio de otros (por ejemplo, no puedes ejercer el derecho a la libertad de expresión si no se respeta tu derecho a la libre conciencia; o no puedes realizar tu derecho a la salud si está en peligro tu derecho a la vida).
Recuerda que los derechos humanos son inalienables. Esto significa que nadie, nunca, los puede perder. Los derechos humanos están vinculados a la misma existencia de un ser humano y no dependen de la voluntad de nadie: ni de la persona que las tiene, ni de otras personas, ni de los gobiernos. Que sean inalienables implica también que nadie puede renunciar a ellos o transferirlos o venderlos a otra persona.
Si bien los derechos humanos nunca se pierden —las sociedades contemporáneas reconocemos estos derechos y los garantizamos incluso a las personas culpables por la comisión de los crímenes— en ciertas situaciones se pueden suspender. Por ejemplo, las personas que son declaradas culpables por haber cometido un delito pueden ser privadas de su libertad e incluso perder su derecho a votar —o teniendo ese derecho que el Estado no haga mucho para generar las condiciones para que las personas privadas de su libertad puedan ejercer sus derechos políticos—; en el caso de una emergencia, como lo fue la crisis que se generó con la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 , el gobierno puede restringir temporalmente algunos derechos, como la libertad de movimiento, la de trabajo, la posibilidad de elegir a sus autoridades al suspender las elecciones (incluso impedir votar a quienes estaban contagiados) o que las instituciones de la democracia vean alteradas sus rutinas. Sin embargo, la importancia de los derechos humanos implica que las situaciones en la que estos se suspendan o restrinjan tienen que ser excepcionales y los gobiernos deben cumplir con los procedimientos específicos y exigentes para, por ejemplo, privar de libertad a una persona y suspenderles —de ese modo— sus derechos.
SABÍAS QUE…
Uno de los referentes universales en la lucha por los derechos humanos ha sido Nelson Mandela, nacido en Mvezo, Provincia del Cabo Oriental, en Sudáfrica, el 18 de julio de 1918. Su lucha por los derechos humanos y la igualdad lo llevó a estar preso durante más de veintisiete años por enfrentar el sistema de segregación racial denominado “apartheid” que se había instaurado en Sudáfrica en 1948 y que duró hasta 1992, a través del cual se institucionalizaron una serie de medidas y leyes que despojaron de sus derechos a la población mayoritaria negra (y también a la hindú). Dos de las leyes más conflictivas fueron las que se aprobaron en 1950, una que obligaba a toda la población a declarar su raza, dependiendo de esta se fijaba dónde podían y dónde no podían vivir y otra que prohibía las relaciones sexuales entre razas.
Como nacionalista africano presidió el Congreso Nacional Africano (CNA) entre 1991 y 1997, y a nivel internacional fue secretario general del Movimiento de Países No Alineados entre 1998 y 2002. Fue el primer mandatario negro sudafricano que presidió el gobierno entre 1994 a 1999 y el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país. Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del apartheid a través del combate del racismo institucionalizado, la pobreza, la desigualdad social y la promoción de la reconciliación social.
EN RESUMEN
- Los derechos humanos son una expresión del reconocimiento del valor, dignidad e importancia de todas y cada una de las personas.
- La Declaración Universal de Derechos Humanos es la carta fundamental donde se encuentran registrados nuestros derechos humanos.
- Los derechos humanos son inalienables, universales, progresivos, interdependientes e indivisibles.
NOSOTRXS LAS Y LOS NIÑOS, ¿TENEMOS DERECHOS HUMANOS?
Pero, ¡por supuesto! Las niñas y los niños son seres humanos, son personas y, por ello, nacen teniendo derechos. La mayoría de los derechos que tienen las niñas y los niños son exactamente los mismos que tienen los adultos: el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, al medioambiente, al bienestar, al acceso a internet, entre muchos, muchos otros.
Sin embargo, hay algunos derechos que están vinculados con la edad y que, conforme vamos creciendo, se pierden… o se suman. Por ejemplo, cuando son niños y niñas no tienen derecho a la participación política. No pueden votar para elegir a quienes van a tomar decisiones en nombre de toda la sociedad, postularse u ocupar cargos a nivel de la comunidad en la que viven. Tampoco tienen algunos de los derechos civiles, pues necesitan ser mayores de edad para poder firmar los contratos, comprar una casa, votar o sacar su pasaporte para poder viajar libremente por el mundo.
La asociación de estos derechos con la condición de tener más de 16 o 18 años –según el país cambia cuando se es mayor de edad– está relacionada con la necesidad de lograr ciertos aprendizajes sobre el funcionamiento de la sociedad, de la economía, de la política, y también cierta madurez para poder tomar decisiones que llegan a tener consecuencias profundas en la vida de una o uno o en las de otras personas. Lo bueno es que, con el tiempo, se adquieren estos aprendizajes y conocimientos.
Las niñas y los niños —es decir, las personas menores de 12 años— y las y los adolescentes —mayores de 12 pero menores de 16 o 18 años— tienen algunos derechos especiales. Tienen derecho a tener opiniones y a que las personas adultas las tomen en serio y también tienen derecho a jugar, a desarrollar su propia identidad, a viajar, a ser quienes quieran ser, a descansar y a relajarse… entre muchos otros. Estos derechos reciben también una protección especial, pues como niñas y niños enfrentan algunas limitantes en cuanto a su capacidad de decidir o acceder a los mecanismos de protección de sus derechos. Precisamente, son las personas adultas y las instituciones las que deben cuidar, con dedicación especial, de las niñas y los niños.
El único lado malo de los derechos de las niñas y los niños es que algunos de sus derechos se pierden… Las personas adultas tienen derecho al descanso, pero ya no hay leyes o tratados internacionales que protejan su derecho a jugar o relajarse… Eso no quiere decir que no se van a poder divertir cuando sean más grandes, pero que ya no habrá nadie que se preocupe si lo están haciendo. Eso es lo que las personas adultas suelen extrañar de su niñez…😉
Los derechos de las niñas y los niños son tan importantes que fueron reconocidos por un tratado internacional especial, dedicado a su protección. Es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), un tratado que establece obligaciones para los gobiernos y también para educadores, padres y madres, personal de salud, entre otros.
La CDN fue adoptada el 20 de noviembre de 1989 y es el tratado internacional más ratificado en la historia; eso significa que de todos los tratados en materia de derechos humanos que existen en el mundo, este fue adoptado por el mayor número de países: 196 (en comparación, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue firmada por 192 países).
Una de las violaciones más graves de los derechos de las niñas y los niños en todo el mundo tiene que ver con que muchas veces son forzados a trabajar desde pequeños. Si bien muchos niños y niñas en todo el mundo participan en formas de trabajo remuneradas y no remuneradas que no son perjudiciales para ellos, muchas veces realizan actividades que les convierten en “niños y niñas trabajadores”. Esto se da cuando son demasiado jóvenes para trabajar o participan en actividades peligrosas que pueden comprometer su desarrollo físico, mental, social o educativo.
En muchos países africanos, por ejemplo, algo más de uno de cada cuatro niñas y niños (de 5 a 17 años) realizan trabajos que se consideran perjudiciales para su salud y desarrollo. Es más, cerca de 72 millones de niñas y niños africanos realizan trabajo infantil.
México es uno de los países que ha firmado la Convención de Derechos del Niño en 1990. A partir de este momento, los derechos de las niñas y los niños en nuestro país han recibido un reconocimiento formal por parte del gobierno a través de los siguientes mecanismos:
- En 2014 fue reformada la Constitución para obligar a todas las autoridades a proteger el interés superior de la niñez y al cumplimiento de sus derechos.
- En el mismo año fue aprobada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) , que reconoce los derechos de las niñas y los niños en México.
- Un año más tarde, en 2015, fue creado el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), como un mecanismo de coordinación de las políticas de la niñez y la adolescencia en México.
- A partir de esta fecha, las entidades federativas fueron creando las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para la coordinación de medidas de protección especial para la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad y para su representación en procedimientos jurídicos y administrativos.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) reconoce 20 derechos de las niñas y los niños en nuestro país:
- Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.
- Derecho a la prioridad.
- Derecho a la identidad.
- Derecho a vivir en familia.
- Derecho a la igualdad sustantiva.
- Derecho a no ser discriminado.
- Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.
- Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
- Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.
- Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
- Derecho a la educación.
- Derecho al descanso y el esparcimiento.
- Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura.
- Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
- Derecho a la participación.
- Derecho de asociación y reunión.
- Derecho a la intimidad.
- Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.
- Derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes.
- Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación sin discriminación de ningún tipo o condición.
Trágicamente, a pesar del reconocimiento de los derechos de las niñas y los niños y de las obligaciones de los Estados —y de todas las personas adultas— de otorgarles una protección especial, las cosas no siempre suceden así. Tristemente, con frecuencia, los derechos de los niños y las niñas son regularmente abusados o violados, incluso desde su nacimiento. Las organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, denuncian que unos 290 millones de niñas y niños en todo el mundo no han sido inscritos en el registro civil, por lo que no tienen identidad legal ni prueba de su existencia. Al “no existir” legalmente, estas niñas y niños no pueden exigir sus derechos: no pueden ir a la escuela, recibir atención médica o conseguir un trabajo cuando crezcan.
Muchas niñas y niños no tienen acceso a la educación (aproximadamente 61 millones en todo el mundo no asisten a la primaria), viven en condiciones de pobreza (uno de cada seis niños en 2019, antes de la pandemia), exponiéndolos a violencia doméstica, trabajo infantil, explotación sexual, embarazo adolescente y matrimonio infantil.
SABÍAS QUE…
Soñar es un derecho
La música es un buen instrumento para concientizar sobre los derechos, los obstáculos que enfrentan las y los niños cuando quieren ejercerlos y los contextos de violencia que limitan las oportunidades de la niñez para su desarrollo. El proyecto “Yo protejo. Soñar es un Derecho” es una buena manera de movilizar sobre temas y agendas a través de la música.
¿Tú qué letra escribirías para una canción que denuncie la falta de derechos? ¿Qué ritmo le pondrías?
Amnistía Internacional estima que 150 millones de niñas y 73 millones de niños y niñas son agredidos sexualmente cada año. En algunos países, se obliga a las niñas de tan solo nueve años a contraer matrimonio y se juzga a los niños de tan solo seis años como adultos en los tribunales penales.
SABÍAS QUE…
Mikita Zalatarou tuvo la mala suerte de estar en un lugar equivocado en un momento equivocado. Estaba en una parada de autobús en la plaza central de la ciudad de Homel, en el sureste de Bielorrusia. Todo el mundo a su alrededor discutía intensamente los resultados de las elecciones presidenciales que acababan de terminar, y mucha gente protestaba ese día. La plaza estaba llena de gente. Mikita tenía sólo 16 años y era demasiado joven para votar ese año.
De repente, entre el ruido de la calle, pudo oír que alguien gritaba: “¡Corre!”. La multitud fue perseguida por la policía antidisturbios, pues Alyaksandr Lukashenka se había proclamado vencedor de las elecciones presidenciales, a pesar de que los resultados eran muy estrechos y el gobierno estaba decidido a acallar a cualquier disidencia.
Al día siguiente, varios policías se presentaron en su casa para detenerlo. Mikita fue acusado de lanzar un cóctel molotov a dos policías durante las protestas y fue uno de los miles de detenidos. Tras su detención, fue llevado a una comisaría donde fue golpeado y torturado con descargas eléctricas. Siete meses más tarde, en febrero de 2021, fue condenado a cinco años en una colonia educativa para menores.
Con frecuencia, las niñas y los niños sufren las consecuencias de las malas decisiones y equivocaciones de las personas adultas, pues son quienes resultan gravemente afectados por los conflictos, las guerras o la corrupción. Al menos 330.000 niños son retenidos cada año en centros de detención de inmigrantes en 80 países del mundo, simplemente por ser migrantes o refugiados y muchos de ellos son separados a la fuerza de sus padres y familias, de acuerdo con Amnistía Internacional.
SABÍAS QUE…
Janna Jihad es una adolescente que ha crecido en el pueblo palestino de Nabi Salih, al norte de la ciudad de Ramallah, en Cisjordania. Este territorio palestino que está bajo la ocupación militar de Israel desde 1967.
Janna y otros niños y niñas palestinos enfrentan la discriminación a diario. El ejército israelí detiene con regularidad a los niños de la aldea de Janna, tienen dificultades para acceder a la educación y a la libertad de movimiento, pues se enfrentan a controles militares que pueden retrasar cualquier viaje. Pueden tardar horas en llegar a la escuela en lugar de unos minutos. A la gente le resulta difícil viajar para trabajar; puede ser casi imposible llegar a un hospital.
Cuando Janna tenía siete años, su tío y su amiga fueron asesinados por el ejército israelí. Janna utilizó el teléfono de su madre para grabar lo que ocurría y mostrarlo al mundo. Cuando era adolescente, sus vídeos en directo eran vistos por cientos de miles de personas en todo el mundo. En 2018, con tan solo 12 años, Janna se convirtió en la periodista con acreditación de prensa más joven del mundo.
Las situaciones en las que viven —y la empatía que tienen hacia lo que ocurre— hace que las niñas y los niños, a pesar de su “corta edad”, se interesen por su entorno y por sus comunidades. Frente a las injusticias, las niñas y los niños buscan incidir para mejorar la situación en la que viven. Las niñas y los niños con frecuencia realizan actividades para cuidar su entorno, exigir sus derechos o impulsar cambios positivos en el mundo entero. Las personas jóvenes como Malala Yousafzai, Greta Thunberg o Janna Jihad demuestran que las voces de las niñas y los niños tienen la fuerza de inspirar a miles de personas.
EN RESUMEN
- Las niñas y los niños tienen derechos humanos y algunos derechos especiales, que son reconocidos y protegidos por los tratados internacionales y por las leyes de los países en los que viven.
- Lamentablemente, los Estados y las personas adultas no siempre cumplen con sus obligaciones y responsabilidades, lo que ocasiona violaciones a los derechos de las niñas y los niños.
¿CUÁLES SON LOS DERECHOS HUMANOS BÁSICOS? NECESIDADES Y DERECHOS HUMANOS
Todas las personas tenemos necesidades básicas y necesitamos cubrirlas de manera satisfactoria para garantizar nuestro desarrollo libre y autónomo y nuestro bienestar. Estas necesidades son universales, pues las tenemos todas las personas: todas y todos necesitamos de los medios de subsistencia (como los alimentos y agua potable), salud (recibir atención médica cuando se requiere), protección (un lugar para vivir, la seguridad, la libertad de los riesgos), afecto (dar y recibir cariño), entendimiento (recibir educación), comunicación (recibir y compartir las ideas), participación (la posibilidad de trabajar, debatir, influir en las decisiones que nos afectan), ocio y recreación (la oportunidad de descanso y entretenimiento), e identidad (tener un nombre, pertenecer a una comunidad, sentirnos cómodos con quienes queremos ser).
Estas necesidades son compartidas por todas las personas, independientemente de la cultura en la que viven, el país o el momento histórico en el que nacieron, porque dependen de nuestra condición de ser humano. Como ya hemos visto cuando se elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos de las personas trascienden fronteras y las necesidades también. En este sentido, podemos decir que las necesidades son fijas, aunque a lo largo del tiempo y en distintas latitudes, las personas llegan a asignarles una jerarquía distinta y emplear distintos medios para su realización, de la misma manera que en diversos momentos las sociedades definen cuáles son los valores que deben perseguir los seres humanos (Tabla II).
Tabla II. Necesidades Humanas y Derechos Humanos
NECESIDADES HUMANAS Y DERECHOS HUMANOS
De subsistencia.
Aspectos indispensables para la vida. Incluye satisfactores como la alimentación. Respirar aire limpio.
El abrigo.
Derecho a la alimentación.
Derecho a la vivienda.
Derecho a un medio ambiente sano.
De salud.
Se satisfacen mediante los servicios médicos, la prevención de enfermedades, así como la higiene personal y el del lugar donde se vive.
Derecho a la vida.
Derecho a la salud.
Derecho a un medio ambiente sano.
De entendimiento.
Sus satisfactores son la educación, la investigación, la estimulación temprana y el pensamiento crítico.
Derecho a la educación.
Derecho a la información.
De protección.
Implican contar con un lugar que sirva de vivienda y resguardo, así como vivir en un entorno en el que las personas se sientan seguras en su integridad física, su vida y sus pertenencias.
Derecho a la seguridad y la protección. Derecho a la vivienda.
Derecho a no ser molestado en el domicilio ni a sus pertenencias.
Socioafectivas.
Incluye la autoaceptación, la satisfacción laboral, la calidad de las relaciones afectivas.
Derechos sexuales y reproductivos.
Derecho a no ser discriminado por preferencia sexual.
Derecho a una vida libre de violencia.
De comunicación.
Se satisfacen al expresar necesidades, deseos, intenciones, ideas y creencias.
Derecho a la libertad de expresión.
Derecho a la libertad de cultos y libertad religiosa.
De comunicación.
Se satisfacen al expresar necesidades, deseos, intenciones, ideas y creencias.
Derecho a la libertad de expresión.
Derecho a la libertad de cultos y libertad religiosa.
Ocio y creación.
Se satisfacen a través de condiciones para el descanso, para el disfrute de tiempo libre y para el desarrollo del potencial creador.
Derecho a la libertad de expresión.
Derecho a la libertad de cultos y libertad religiosa.
Identidad.
Se satisface con el respeto a la libertad de ser, esto es, la posibilidad de las personas para expresar su humanidad sin restricciones.
Derecho a tener un nombre y una nacionalidad, a pertenecer a una cultura y a expresarse en la lengua materna.
Derecho a construir una identidad personal y colectiva libre de prejuicios.
Fuente: Conde Flores et al. (2015: 37).
La satisfacción de las necesidades básicas de las personas resulta fundamental por dos razones. Primero, es considerada una condición necesaria para que las personas puedan realizar su vida y perseguir cualquier fin que consideren valioso e importante para sí mismos. Segundo, cuando las necesidades básicas no están satisfechas, las personas sufren daños y perjuicios graves que pueden afectar su salud, su bienestar físico y psicológico. Estas dos razones poderosas evidencian porque es tan importante buscar la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas y porque han surgido los derechos humanos como mecanismos para garantizar que así suceda.
Algunas personas sostienen que el enfoque que debemos usar para hablar de las necesidades básicas y de los derechos humanos como mecanismos para satisfacerlas es el enfoque de las capacidades. De acuerdo con este enfoque, las personas deben tener la libertad y la oportunidad de satisfacer sus necesidades. Amartya Sen, un filósofo y economista indio, sostiene esas ideas y considera que nuestro análisis del bienestar tanto a nivel individual como a nivel de las sociedades debe centrarse no en la cantidad de bienes o recursos que tenemos disponibles, sino en la calidad de la vida que tienen las personas y en qué medida esta les permite satisfacer sus necesidades y realizar sus objetivos.
SABÍAS QUE…
¿Cómo saber si las necesidades de las personas están satisfechas?
La Organización de Naciones Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cada año evalúa el grado de satisfacción de las necesidades básicas de todos los países del mundo. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. En este mapa puedes observar el nivel de desarrollo -de satisfacción de las necesidades básicas- en todo el mundo.
Reflexiona: ¿Cómo está nuestro país en comparación con otros? ¿Estás de acuerdo con esta valoración?
Fuente: Elaboración propia a partir del Índice de Desarrollo Humano de la ONU.
Imagínate que vives en una ciudad opulenta, con muchos recursos y dinero, pero todos los días las personas de tu familia tienen que hacer dos o tres horas para llegar a su trabajo y casi no tienen tiempo para compartir entre ellos ni para conversar sobre cómo están o cómo se sienten.
Pueden tener mucho dinero pero no tienen calidad de vida ni tampoco bienestar.
De ahí que sea tan importante mejorar el transporte público, reducir la movilidad de las personas y equilibrar el tiempo que mujeres y hombres dedican a trabajar y a las tareas de cuidado para que esa sociedad pueda contar con mecanismos para satisfacer sus necesidades de manera satisfactoria.
No se trata de tener cosas ni dinero -sólo por tenerlas- sino de poder cubrir nuestras necesidades, contar con servicios de calidad y procurar el bienestar de la comunidad.
Bajo el enfoque de las capacidades, el objetivo fundamental que debemos lograr es que las personas tengan la capacidad —la libertad y la oportunidad— de vivir la vida que cada una o uno quiera llevar, sin las restricciones de la pobreza ni las consecuencias de hechos circunstanciales como una pandemia, una hambruna, un gobierno autoritario o una guerra.
En esta perspectiva, las personas deben ser libres para satisfacer sus necesidades de manera que mejor les parezca, de perseguir los valores que consideren relevantes, y de tener las oportunidades efectivas y reales, para tomar y realizar sus decisiones.
EN RESUMEN
- Todas las personas tenemos las mismas necesidades (de subsistencia, salud, protección, afecto, entendimiento, comunicación, participación, ocio y recreación e identidad).
- Los derechos humanos apuntan a garantizar la satisfacción de las necesidades básicas para que las personas puedan desarrollarse de manera libre, plena y autónoma.
EL DERECHO A TENER DERECHOS. CONOZCAMOS MÁS EN PROFUNDIDAD LOS DIFERENTES DERECHOS
Derechos civiles y políticos
Ser ciudadana o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. Gozar de ciudadanía supone tener derechos políticos y electorales.
Precisamente, conseguir esos derechos –que tienen que ver con participar, votar o controlar al poder– ha sido una conquista de las democracias modernas que surgieron en el siglo XIX.
Con el paso del tiempo, unos derechos políticos que originalmente se daban sólo a los varones se le reconocieron a todas las personas, sin importar su género, su raza, su lugar de nacimiento, su pertenencia a diversos grupos sociales, económicos, ideológicos y religiosos.
De ahí que los derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las personas, su autonomía frente al Estado y su posibilidad de participar en las decisiones públicas.
- Los derechos civiles se enfocan en la protección de la vida, integridad y libertad personal, e incluyen los derechos a la integridad física y mental, la vida y la seguridad de las personas; la protección contra la discriminación por motivos de sexo, raza, orientación sexual, origen nacional, color, edad, afiliación política, etnia, clase social, religión y discapacidad, así como los derechos individuales como la privacidad y la libertad de pensamiento, expresión, religión, prensa, reunión y movimiento.
- Los derechos políticos, a su vez, incluyen el acceso a la justicia (la igualdad ante la ley, los derechos del acusado, el derecho a un juicio justo; el debido proceso; el derecho a buscar reparación o un recurso legal) y también a los derechos de participación en la sociedad civil y la política, como la libertad de asociación, el derecho de reunión, el derecho de petición, el derecho de autodefensa y el derecho de voto, entre otros.
Los derechos civiles y políticos —derechos de la primera generación— fueron los primeros en lograr un reconocimiento normativo en la era moderna. Se plasmaron inicialmente en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es un documento redactado por el segundo Congreso Continental -en la Cámara Estatal de Pensilvania, en Filadelfia, el 4 de julio de 1776- y que proclamó que las Trece Colonias norteamericanas se autodefinieran como trece nuevos Estados soberanos e independientes de Gran Bretaña. Años después también se incluyeron en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, incorporando la doctrina de los derechos naturales y dando cuenta de que los derechos del hombre se deben entender como universales.
Ambos textos buscaban reconocer la libertad de las personas, su derecho a la propiedad, seguridad e igualdad ante la ley y, fundamentalmente, la idea revolucionaria de que el poder político sólo es legítimo cuando se constituye a partir del apoyo de la ciudadanía.
Si bien en aquellos tiempos el reconocimiento de la ciudadanía solamente fue otorgado a los varones, con el paso del tiempo y a través de la lucha incansable del movimiento feminista que estudiamos en el primer Módulo de Faro Democrático se logró el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de todas las personas. La asociación de la legitimidad para ejercer el poder político con la autorización de la ciudadanía llevó al resurgimiento de la idea de democracia, entendida como un sistema político en el cual las personas participan, de manera compartida, en el ejercicio del poder. Por ello, uno de los derechos políticos centrales para la actualidad es el de la participación ciudadana.
Las personas tenemos derecho a decidir y participar en la toma de decisiones de nuestra colonia, ciudad o país. En las democracias de la Antigüedad, por ejemplo, en Atenas, los ciudadanos (que en aquel tiempo eran solamente los hombres libres y con propiedades) discutían y decidían en las asambleas que integraban a toda la comunidad y ejercían los cargos de manera rotativa. A pesar de lo interesante de esa idea, hacerlo de ese modo no es viable en la actualidad. Nuestras sociedades son demasiado grandes y las decisiones que se deben tomar abarcan hoy temas demasiado complejos. En las democracias modernas tomamos decisiones y participamos fundamentalmente a través del voto, de poder reunirnos con otras personas para conversar sobre cómo mejorar la situación de nuestra comunidad y decidir cómo solucionar los problemas a través de diversos grupos políticos como los partidos políticos o los movimientos sociales, de participar en las instituciones y en la vida pública. Cada determinado tiempo acudimos a las urnas y votamos por los ciudadanos y ciudadanas que nos queremos que nos representen y que tienen el mandato de decidir (por nosotros y nosotras) lo que es mejor para toda la comunidad.
SABÍAS QUE…
¿Qué tanto se respetan los derechos políticos y civiles en el mundo?
La organización Freedom House evalúa, cada año, la calidad de la democracia en los distintos países del mundo. Uno de los elementos que toma en cuenta, es el grado en el que se respetan los derechos políticos y los derechos civiles, reconociéndolos como el fundamento de la democracia.
En esta gráfica puedes observar el grado de protección de los derechos políticos y civiles en distintos países del mundo, incluido México. ¿Cómo está nuestro país en comparación con otros? ¿Estás de acuerdo con esta valoración?
Fuente: Elaboración propia a partir de Freedom House.
Las y los ciudadanos tenemos el derecho a organizarnos y reunirnos para defender nuestros derechos. El ejercicio democrático requiere que todas las personas podamos tener diferentes recursos para manifestar nuestras opiniones y participar en la vida pública. Poder reunirnos con otras personas y crear organizaciones que nos ayuden a canalizar nuestras demandas e intereses es sumamente importante para hacer efectivo este derecho. La posibilidad de ejercer el derecho de reunión y de asociación pacífica ofrece la oportunidad de expresar nuestras opiniones políticas, participar en proyectos artísticos y otras actividades culturales, económicas y sociales, además de tomar parte en cultos religiosos, fundar sindicatos y afiliarse a ellos, y elegir representantes para defender nuestros intereses.
También este derecho permite a cada uno y a cada una —a través de las movilizaciones, manifestaciones y formas no convencionales de participación— mostrar oposición al desempeño del gobierno, las leyes o las políticas que impulsan (y sus resultados). Las manifestaciones pacíficas contribuyen al desarrollo, al fortalecimiento y a la efectividad de los procesos democráticos. Son —como hemos visto en el Módulo 2— otra manera de ejercer y amplificar nuestra voz. De ahí que el derecho de asociación y de reunión también sean considerados como derechos humanos y posibilite que podamos participar en la definición de las decisiones a través, por ejemplo, de los partidos políticos de los grupos de interés o de los movimientos sociales.
Junto al derecho de elegir a las autoridades, de asociarnos y participar, también está el derecho al control político del ejercicio de gobierno por parte de la ciudadanía. En un país democrático, quienes gobiernan y quienes desempeñan funciones administrativas deben realizar sus tareas con apego a las normas (legalidad) y con la responsabilidad que implica el deber de generar las políticas públicas que beneficien a toda la sociedad
SABÍAS QUE…
Anna Politkovskaya era una periodista rusa, nacida en Estados Unidos y de ascendencia ucraniana. Ella escribió en sus artículos sobre el intento de Chechenia de convertirse en una nación independiente y de cómo el ejército ruso intentó detenerlo. Sus reportajes también retrataban cómo muchos periodistas y trabajadores humanitarios habían sido secuestrados o asesinados. Su arma era la palabra. Solía decir que “lo importante era la información, no lo que pensemos sobre ella”.
Como a las fuerzas de seguridad rusas no le gustaron sus artículos, fue arrestada, envenenada y perseguida por informar sobre lo que ocurría en las guerras en Chechenia y también sobre el gobierno de la administración Putin. Recibió numerosos premios internacionales por su trabajo. Murió acribillada en el ascensor del edificio de su apartamento en Moscú el 7 de octubre de 2006.
Como ya lo hemos visto en el Módulo 1 de este Faro Democrático, según Karl Popper, un filósofo inglés, el hecho de que cualquier persona puede analizar críticamente las consecuencias de las políticas públicas y que estas pueden ser abandonadas o modificadas a partir de tal análisis es en sí mismo un elemento distintivo de un régimen democrático. Para que las personas puedan ejercer este derecho, es indispensable que tengan acceso a la información y a la libre expresión.
En las sociedades modernas el control de gobierno se realiza a través de diversos mecanismos: el voto (durante las elecciones podemos decidir si queremos que las mismas personas u opciones políticas continúen en el gobierno), la transparencia (que nos permite acceder a la información sobre las decisiones de gobierno y, así, evaluarlas), la fiscalización (que es el ejercicio de revisar cómo los gobiernos gastan los recursos financieros de todas y todos nosotros) y los mecanismos de democracia directa, como las consultas populares o el presupuesto participativo. Considerar al control político como parte de los derechos políticos es muy importante porque -muchas veces- creemos que la democracia es sólo elegir representantes una vez cada cuatro o seis años. Es decir, como si los derechos políticos fueran sólo ir a votar. ¡Esto no es así! Debes elegir y debes controlar a quienes elijas. La base de una buena democracia está en que las personas controlemos a nuestros representantes y exijamos rendición de cuentas.
Dado que tú ejerces tu derecho a revisar lo que hacen las personas políticas, ellos y ellas tienen la obligación de responder por sus decisiones frente a la ciudadanía. El politólogo austríaco, radicado en México, Andreas Schedler (1999: 17) sostiene que la rendición de cuentas tiene tres aspectos centrales: información, justificación y castigo o recompensa. El primer aspecto, la información sobre el acto o la actividad de un político o de un órgano político (el gobierno, el Congreso, las Gubernaturas, entre otros) resulta indispensable para valorar la eventual responsabilidad de una persona que toma decisiones en nombre de los otros. Sin información es imposible controlar. El segundo se refiere a las razones provistas por el gobernante sobre su comportamiento y sus decisiones. Conocer las motivaciones siempre ayuda a que podamos tener una mejor evaluación de las actividades que hace la persona evaluada. El tercero es la actitud que asume el electorado cuando reflexiona sobre la información que tiene sobre las justificaciones dadas y sobre sus expectativas e intereses.
Como señala Leonardo Morlino (2020: 30), para que haya rendición de cuentas debe haber reciprocidad o responsividad, o sea la capacidad de respuesta de los gobernantes a las demandas de los gobernados. Esto significa que los gobernantes deben conocer cuáles son las demandas del electorado y que la evaluación de la respuesta del gobierno pueda manifestar su acuerdo o desacuerdo con las mismas. Llevar a cabo la reciprocidad muchas veces es difícil. Para que pueda darse de manera plena el cumplimiento de estos derechos, las y los ciudadanos deben informarse, conocer cómo funcionan las instituciones y el sistema político y también saber qué quieren ellos mismos que los políticos hagan desde sus puestos. Conocer qué ideas y qué políticas proponen las y los representantes -y también lo que nosotros esperamos y queremos de ellos- es clave para poder hacer un buen control político.
Otro aspecto a considerar cuando pensamos en los derechos políticos tiene que ver con nuestra capacidad de ejercer el gobierno y ocupar cargos públicos, tanto los electivos como en la administración pública.
Este derecho, al igual que el resto de los derechos políticos, están reservados a las personas que pertenezcan a una comunidad política determinada (es decir, sean ciudadanas o ciudadanos de un país, como vimos en el Módulo 2) y que cumplan con algunos otros requisitos, como la edad o la nacionalidad. Esto no es una cuestión menor porque -en algunos países- el asociar los derechos políticos al lugar de nacimiento hace que personas que nacieron en otras partes pero que viven y conviven con nosotros en nuestra colonia o ciudad no puedan acceder a los mismos derechos.
En México están reconocidos todos estos derechos en nuestra Constitución (en el Capítulo Primero se encuentran los derechos civiles y algunos de los derechos políticos) y en todo el andamiaje normativo institucional que protege y especifica el modo en que se reconocen y ejercen esos derechos. El derecho al voto fue la antesala del reconocimiento a otros derechos políticos, que están consagrados en la actualidad como parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificados por el Estado Mexicano.
Tabla III. Los derechos políticos en México
DERECHOS POLÍTICOS
DESCRIPCIÓN
LEGISLACIÓN MEXICANA
Derecho de petición.
Hacer una petición a las cámaras o a los órganos ejecutivos, exponer sus necesidades a fin de influir en sus decisiones, así como solicitar información mediante un escrito dirigido a las autoridades. La autoridad debe responder por escrito a quién le hizo la petición.
En asuntos políticos sólo los ciudadanos pueden ejercer este derecho.
Favorece una cultura de rendición de cuentas, así como la transparencia en el ejercicio del poder político.
Artículos 8, 9 y 35 constitucionales y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Derecho a participar de manera directa o a través de representante, en asuntos públicos y en el gobierno.
Todas las personas tienen derecho a presentar, en igualdad de oportunidades, sus ideas y propuestas, ya sea de manera escrita o verbal. Tienen el derecho a que sus propuestas sean escuchadas o leídas.
Artículos 26 y 35 de la Constitución federal.
Derecho de asociación y reunión.
Reunirse o asociarse individual y libremente con cualquier propósito lícito y para tomar parte en forma pacífica en los asuntos del país. Incluye el derecho a formar partidos políticos. En asuntos políticos sólo podrán participar los ciudadanos. No se consideran legales las reuniones armadas. La autoridad no puede disolver ninguna asociación lícita y pacífica. […]
Artículos 9 y 35 de la Constitución federal.
Derecho a votar.
Todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tienen derecho a elegir a quienes hayan de ocupar determinados cargos públicos y para expresar su opinión sobre una ley o una acción de gobierno.
Artículo 35 de la Constitución federal.
Derecho a ser consultado sobre leyes, políticas, programas y proyectos.
Es deber de los Estados consultar previamente a los ciudadanos sobre leyes, políticas, programas o proyectos que afecten derechos y libertades fundamentales.
Artículo 35 de la Constitución federal.
Derecho a ocupar cargos públicos.
Postularse a ocupar cargos de elección popular en el lugar de residencia. También incluye el derecho a ejercer el poder político mediante su incorporación en los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, y en otros aspectos de la administración pública.
Artículo 35 de la Constitución federal.
Fuente: Conde Flores et al. (2015: 122).
EN RESUMEN
- Los derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las personas, su autonomía frente al Estado y su posibilidad de participar en las decisiones públicas.
- Tiene que ver con asociarnos con otros, votar, participar en las decisiones y controlar el poder político.
- La democracia es el único sistema político que tiene como objetivo la realización de los derechos civiles y políticos de todas las personas.
DERECHO A LIBRE EXPRESIÓN Y A LA INFORMACIÓN
El derecho a la libre expresión es el derecho que tenemos todas las personas de tener y expresar opiniones e ideas sin que exista una interferencia por parte del gobierno u otras personas y sin miedo a represalias, censura o sanción posterior.
La libertad de palabra, o libertad de expresión, se aplica a las ideas de todo tipo, incluidas las que nos pueden parecer ofensivas; el hecho de que alguna opinión no nos guste o nos incomode no significa que podamos o debamos silenciarla. Sin embargo, aunque los tratados internacionales protegen la libertad de expresión de manera muy amplia, no se trata de un derecho que podemos ejercer de manera irrestricta.
Hay casos en los que ésta puede restringirse legítimamente en virtud de la misma ley, por ejemplo, cuando viola los derechos de los demás o hace apología del odio e incita a la discriminación o la violencia.
También está estrechamente vinculada a la libertad de asociación —el derecho a formar y afiliarse a clubes, sociedades, sindicatos o partidos políticos con quien se desee— y a la libertad de reunión pacífica, incluyendo el derecho a participar en una manifestación pacífica o en una reunión pública—. Esto significa que, cuando nos afiliamos a una organización de sociedad civil o un partido político, organizamos una protesta o participamos en una marcha —como por ejemplo las que se organizan en torno al 8 de marzo en las que participan fundamentalmente las mujeres— también estamos ejerciendo nuestro derecho a la libre expresión.
El derecho fundamental a la libertad de expresión abarca al derecho a la información, es decir, la libertad de “buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación y sin consideración de fronteras”, como lo señala el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto significa que las personas, además de poder expresarnos libremente, tenemos el derecho a informarnos acerca de todos los temas de nuestro interés, incluyendo la información sobre la actuación y las decisiones de los gobiernos.
El acceso a la información desempeña un papel esencial en los procesos sociales y políticos de nuestras sociedades. Sin el acceso a la información, los miembros de los medios de comunicación no pueden buscar y recibir información sobre asuntos de importancia para el público. Sin él, los gobiernos no pueden rendir cuentas de sus acciones, ni están abiertos al escrutinio público. Sin este derecho -muchas veces- nosotros tampoco podemos conocer qué es lo que ocurre.
Este tipo de posibilidad de poder saber más sobre las decisiones que se toman en nuestras instituciones, sociedades o comunidades es clave para que las democracias sean más transparentes y robustas.
SABÍAS QUE…
El derecho de acceso a la información
Dra. María Marván Laborde,
Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de
México, 10 de marzo de 2022.
Dra. María Marván Laborde, Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 10 de marzo de 2022.
EN RESUMEN
- La libertad de expresión es el derecho que tenemos todas las personas de tener y expresar opiniones e ideas sin que exista una interferencia, censura o sanción por hacerlo.
- El acceso a la información es la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación y sin consideración de fronteras.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son los que pretenden garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos y lograr la igualdad entre las personas. Pertenecen a la llamada “segunda generación de derechos”, reflejando la idea detrás de su reconocimiento: ciertas condiciones de igualdad económica, social y de participación en la cultura son indispensables para que las personas puedan ejercer sus derechos civiles y políticos, y para que puedan vivir una vida plena y desarrollarse libremente.
Los DESC son muy amplios. Entre los derechos más importantes que incluyen están los derechos a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la salud, al agua, al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la educación, a la cultura, así como al medio ambiente sano. Todos estos derechos están reconocidos por los Estados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. En la actualidad, 166 países han signado el Pacto.
Los derechos económicos, sociales y culturales no pueden ser considerados únicamente como una lista de buenos deseos o ideales que resultan inalcanzables; por el contrario, se trata de los derechos que establecen obligaciones concretas que los Estados deben cumplir. Sin embargo, hay que reconocer que el cumplimiento de estas obligaciones se da de maneras muy diversas —o con distintos grados de satisfacción— en los países y regiones del mundo.
La dificultad en el cumplimiento de los DESC tiene que ver, por un lado, con la disponibilidad de los recursos: tomando en cuenta las necesidades de las personas y la cantidad de las personas que requieren de apoyo en su realización, con frecuencia es complejo lograr una adecuada distribución de los recursos. Por otro lado, no es nada sencillo determinar qué significa cumplir con las obligaciones que establecen las DESC. Por ejemplo, no existe un consenso al respecto de qué significa una vivienda digna (¿qué tamaño debe tener? ¿de qué materiales debe ser construida? ¿en qué lugar debe situarse?), cuáles deben ser los servicios de salud que debe proporcionar el gobierno (¿el gobierno debe cubrir el acceso a todas las medicinas para todas las personas?) y por qué otros unos procedimientos y medicamentos pueden ser de acceso universal y otros deben ser pagados por las personas (¿el gobierno debe financiar los procedimientos estéticos? ¿debe financiar solamente los procedimientos indispensables para la protección de la vida y la salud, o también aquellos que mejoran la calidad de vida de las personas?).
Las instancias internacionales, los tribunales, las organizaciones de la sociedad civil o la academia trabajan constantemente para tratar de identificar cuáles tendrían que ser los estándares o mínimos aplicables para el ejercicio de los DESC. Así, por ejemplo, el Comité DESC de las Naciones Unidas, al emitir en el año 2000 sus Observaciones Generales, ha propuesto los siguientes estándares de cumplimiento:
- Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura, y que garantice que nadie padezca hambre.
- Garantizar el acceso a un hogar, a una vivienda y a unas condiciones sanitarias básicas, así como a un suministro adecuado de agua potable.
- Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en el Programa de
Acción sobre Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). - Garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de manera que ello les permita llevar una existencia digna.
- Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud, las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento, los alimentos y las formas más básicas de enseñanza (Sandoval Terán y de la Torre, 2010: 19—20).
Las posibles dificultades que pueden existir cuando se trata de poner en práctica la realización de los derechos económicos, sociales y culturales no pueden ser una justificación para abandonarlos o dejar de lado la obligación estatal de llevar a cabo las acciones e implementar las políticas públicas necesarias para su pleno ejercicio. Por el contrario, se trata de derechos que deben orientar las acciones de los gobiernos —sus políticas públicas—, recordándoles cuáles deben ser sus prioridades a la hora de ejercer el poder. Al mismo tiempo, son una invitación a sostener un diálogo sobre qué tipo de sociedad queremos construir y sobre cómo resolver nuestras diferencias para garantizar a todas y a todos la satisfacción de sus necesidades básicas (y, por supuesto, sobre qué nivel de su realización podemos considerar como satisfactorio).
De algún modo estos derechos están orientados a garantizar el bienestar integral, esto es, un estado de equilibrio en el que las personas experimentan calidad de vida porque su contexto económico, político y social les permite desarrollar plenamente sus capacidades y libertades. También tiene que ver con tener acceso a bienes y servicios básicos de salud, empleo, recreación, educación, entre otros. No creas que esto depende sólo de tener un alto ingreso económico sino que es algo más complejo y que tiene que ver con condiciones individuales y personales vinculadas a nuestra participación en la comunidad, nuestra visión de sí el bienestar es algo importante e incluso lo consideramos (o no) un derecho humano, así como también con características sistémicas relacionadas con el gobierno, las instituciones y la manera en que se satisfacen las necesidades humanas.
EN RESUMEN
- Los derechos económicos, sociales y culturales garantizan la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos y lograr la igualdad entre las personas.
- Los gobiernos tienen la obligación de tomar las acciones necesarias para garantizar a todas las personas el ejercicio de sus derechos económicos, civiles y culturales, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS (DERECHO A LA DIFERENCIA)
Los derechos humanos reconocen que todas las personas somos iguales, es decir, que somos igualmente valiosas como seres humanos y que tenemos los mismos derechos. Sin embargo, esta perspectiva no implica borrar las diferencias entre las personas, sino, por el contrario, reconocer la diversidad que compone a nuestras sociedades y valorarla como algo positivo. Nuestras diferencias nos permiten aprender cosas distintas de unos y otros y también nos ayudan a respetar a quienes son diferentes en términos de nuestra lengua, raza o cultura. Por eso el derecho a la diferencia es uno de los derechos humanos que tenemos las personas.
¿Qué significa el derecho a la diferencia? Significa que podemos reconocernos como personas con identidad propia y como parte de distintos grupos, en especial, de los grupos étnicos. El derecho de los pueblos a su diferencia no siempre ha sido respetado por otros pueblos, liderazgos u organizaciones que han buscado oprimir, excluir e incluso exterminar a personas de una raíz cultural, identitaria o social diferente. La historia de la humanidad nos ha dado muchos ejemplos en ese sentido. Todas estas malas experiencias han dado cuenta de los altos niveles de intolerancia, maldad y violencia que pueden darse por no reconocer ese derecho a la diferencia. Por ejemplo, la persecución del pueblo judío por la Alemania nazi apelando a motivaciones raciales expresan los niveles de intolerancia de unos contra otros. El Holocausto constituyó uno de los crímenes colectivos más aberrantes de la historia, con más de seis millones de asesinatos, es decir, el exterminio de las tres cuartas partes de los judíos europeos. Este lamentablemente no ha sido el único genocidio . La humanidad ha enfrentado otros como el de Ruanda o el del pueblo armenio.
Las sociedades complejas, como la mexicana, se componen de personas de distintas etnias y culturas y cada una de ellas tiene derecho a preservar su identidad, creencias, valores y tradiciones —todos los elementos que constituyen su identidad como comunidades y como individuos—. Las personas indígenas reciben una protección especial por parte de los tratados internacionales, pues durante siglos sus derechos individuales y colectivos han sido vulnerados por los Estados y las sociedades de las que formaban parte y que fueron establecidas en sus tierras. Durante mucho tiempo, ellas fueron objeto de prácticas de usurpación de tierras, riquezas y recursos, y del sometimiento de la población a través de la violencia o procesos de asimilación. Estos procesos se mantuvieron vigentes incluso después del establecimiento de los Estados independientes de las metrópolis colonizadoras, pues las nuevas sociedades mestizas mantenían las jerarquías culturales, étnicas y económicas establecidas durante la colonia. Si bien estos procesos fueron distintos en las diferentes sociedades y ámbitos —por ejemplo, el político o el económico— el proceso de desconolización cultural y del reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se dio apenas después de la Segunda Guerra Mundial.
Aunque solemos asociar las prácticas coloniales con lo ocurrido a los pueblos indígenas de las Américas, esta trágica experiencia es común para las personas indígenas en distintas latitudes alrededor del mundo, incluyendo, por ejemplo, a pueblos africanos (los mursi, zulú, tuareg, dinka o masai, entre otros), a los de Asia (como los marathas, los rajputs y los sikhs), al pueblo sami de Laponia (una región que se extiende por el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y al noroeste de Rusia) o los aborígenes de Australia y otras islas cercanas.
El proceso de descolonización y reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas fue largo y complejo.
A nivel internacional, los esfuerzos por establecer un marco normativo que les garantizara una protección efectiva fueron diversos y culminaron apenas en 2007 con la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta Declaración reconoce los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico.
SABÍAS QUE…
IWGIAtube, 2020.
IWGIAtube, 2020.
En particular, la Declaración reitera la importancia del derecho de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones. Asimismo, prohíbe la discriminación contra los indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener su diversidad y a propender por su propia visión económica y social.
Toda distinción, exclusión o restricción de su preferencia, basada en ámbitos como la raza, la cultura, el origen étnico, la nacionalidad, la orientación sexual, la religión, la discapacidad física, u otras características no pertinentes a la cuestión de que se trate.
En la actualidad, la defensa de los derechos de las personas indígenas y de sus pueblos y comunidades con frecuencia está vinculada a la protección del medioambiente, de los recursos naturales e, incluso, de los derechos de las generaciones futuras.
Uno de los más importantes desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas precisamente está en la necesidad de desarrollar una convivencia pacífica entre personas y grupos diferentes, en el entendido de que esa diversidad constituye una fortaleza para dichas sociedades.
En México, hay alrededor de 26 millones de personas que se autoadscriben como indígenas. Es decir, estas personas se consideran a sí mismas integrantes de un pueblo o una comunidad indígena, de acuerdo con los datos del INEGI. Casi siete millones de estas personas hablan alguna de las 68 lenguas indígenas (en alguna de sus 354 variantes) que se utilizan en nuestro país; las lenguas utilizadas con mayor frecuencia son náhuatl, maya, tseltal, tsotsil y mixteco. Cada vez hay menos personas que emplean en su vida diaria alguna de las lenguas indígenas, pues ya lo hace solo el 6.6% de la población de México.
Las lenguas son uno de los elementos centrales en la preservación de la tradición y cultura indígenas; por ello resulta fundamental su protección y su reconocimiento como iguales.
SABÍAS QUE…
México es un país multilingüe y multinacional, dentro del que se hablan 11 familias lingüísticas indoamericanas, de las que se despliegan 68 agrupaciones lingüísticas, conformadas por 364 variantes.
En este mapa interactivo puedes observar dónde residen las personas hablantes de las distintas lenguas, escuchar algunas frases y poemas, y conocer los elementos distintivos de su cultura.
Mapa interactivo de lenguas indígenas del Centro de Cultura Digital y el Instituto Nacional de Lenguas Indígena.
Además de las lenguas, la vestimenta, la cocina, las festividades, la participación en el mercado comunitario y otras prácticas y tradiciones, muchas de las comunidades y pueblos indígenas de nuestro país eligen y mantienen sus propias autoridades. La Constitución mexicana (en su artículo 2º) reconoce su derecho a la libre determinación , es decir, a su participación en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas públicas que inciden o puedan incidir en sus derechos y desarrollo. Esto significa que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a:
- El reconocimiento, mantenimiento y defensa de la autonomía de los citados pueblos para elegir a sus autoridades o representantes acorde con sus usos y costumbres y respetando los derechos humanos de sus integrantes;
- El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales;
- La participación plena en la vida política del Estado; y
- La intervención efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales, como las consultas previas con los pueblos indígenas en relación con cualquier medida que pueda afectar a sus intereses.
A pesar del reconocimiento por parte de los tratados internacionales, de la Constitución federal y de toda una serie de leyes dirigidas a la protección de los derechos de la población indígena, en nuestro país es frecuente que las personas indígenas se enfrenten a situaciones de discriminación.
Según el estudio de Oxfam, las personas indígenas (en particular las mujeres y las niñas) son más susceptibles de vivir en condiciones de pobreza y verse mayormente afectadas por la falta de las oportunidades educativas, acceso a la salud y otros servicios públicos necesarios para el bienestar: el 72% de las personas hablantes una lengua indígena y el 51% de las personas que se autoadscriben como indígenas se encuentran en situación de desventaja económica. Esta situación evidencia una deuda histórica de nuestro país con sus población indígena y originaria.
La diversidad de los pueblos y comunidades indígenas de México es tan importante que te invitamos a consultar el Atlas de los Pueblos Indígenas de México.
SABÍAS QUE…
Programa especial: la situación de los pueblos indígenas en Latinoamérica
DW en Español, 2019
DW en Español, 2019.
EN RESUMEN
- El derecho a la diferencia reconoce que las personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas deben tener la posibilidad de mantener su propia identidad, cultura, lengua, tradiciones y formas de organización social y política.
- En nuestro país las personas indígenas aún enfrentan la discriminación y múltiples obstáculos en el ejercicio de sus derechos.
Derecho al desarrollo sostenible y al bienestar general
Todas las personas y pueblos tienen derecho al desarrollo, entendido como un proceso global económico, social, cultural y político que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en él y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan (CEPAZ, 2018).
Se trata, entonces, de un derecho individual y colectivo que permite a las personas participar en el desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades.
Podemos pensar el derecho al desarrollo como un elemento transversal de las acciones y responsabilidades de los Estados para garantizar a todas las personas y comunidades una mejor calidad de vida y un mayor bienestar a través de su participación en todos los ámbitos de la vida política, económica, científica y cultural de las sociedades.
De ahí que el derecho al desarrollo esté vinculado al bienestar integral de las personas. Se trata de generar las condiciones en las que todas las personas se pueden beneficiar de los resultados producidos por el avance económico y científico y de que estos beneficios deben estar distribuidos de manera equitativa.
Uno de los programas más relevantes que buscan la realización del derecho al desarrollo es la Agenda 2030 aprobada por las Naciones Unidas en 2015.
La Agenda 2030 —un nombre con el que comúnmente nos referimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible— establece 17 objetivos y 169 metas, entre las que se encuentran reducir la pobreza extrema, las tasas de mortalidad infantil, luchar contra epidemias de enfermedades, como el VIH/SIDA, fomentar una alianza mundial para el desarrollo y erradicar las desigualdades de género, entre otros, y que los países signantes deben lograr para el año 2030.
SABÍAS QUE…
En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llamados también Agenda 2030. Se trata de un primer esfuerzo global de llevar a cabo las acciones encaminadas a elevar, de manera simultánea, el nivel de vida de las personas alrededor del mundo. Estos Objetivos permiten fijar políticas, acciones y decisiones que ayudan a aclarar cuáles son las políticas que los gobiernos deberían impulsar, más allá de las ideologías o caprichos de cualquier gobernante.
Si fueras la Presidenta o el Presidente de tu país, ¿cuál de todos estos Objetivos es tu favorito? ¿Cuál crees que resulta fundamental priorizar para generar mayor bienestar a tu comunidad?
SABÍAS QUE…
Quieres saber más? ¿Cómo puede ser que ya en el siglo XXI todas las personas no tengan todos los derechos? ¿Lo has pensado?
Mira este video que Naciones Unidas ha elaborado para que aprendamos más, entendamos los riesgos de seguir ignorando los problemas más acuciantes de nuestras sociedades y tomemos acciones urgentes para cambiar la condición en la que viven muchas personas en nuestro planeta.
Como puedes ver, se trata de un proyecto muy ambicioso —pensado a gran escala— que exige de los gobiernos una actuación coordinada y firme a favor de la mejora de las condiciones de vida de las personas en todo el mundo y que, al mismo tiempo, les obligan a tomar las medidas necesarias para proteger el medioambiente, ampliar los derechos las personas e incluso acciones concretas contra el cambio climático. A esta última obligación hace referencia el término “sostenible” que articula la apuesta por satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Y, de esta manera, mientras las agencias de la cooperación internacional recalcan la necesidad de que los gobiernos hagan cosas para cuidar el planeta, para garantizar los derechos de todas y todos para ser iguales y mejorar las condiciones de bienestar, cada uno de nosotros y nosotras podemos hacer mucho en nuestra acción cotidiana. ¿Lo has pensado? Tu acción cotidiana, lo que tu hagas cada día, puede cambiar las cosas. Mira cómo Greta Thurnberg alzó la voz para reclamar acciones concretas frente al cambio climático. ¿Y tú qué acciones concretas, colaborativas y pacíficas podrías hacer en tu colonia para reclamar por estos derechos?
La capacidad de los seres humanos de mejorar su relación con el planeta que habitamos está en el centro de la preocupación de muchas personas, en especial de las personas jóvenes que advierten los peligros de la explotación desmedida de los recursos naturales que las civilizaciones humanas han realizado a lo largo de los siglos.
La sobreexplotación ha llevado al desgaste de los ecosistemas de la Tierra, a la pérdida de su capacidad de mantener el equilibrio y a los cambios en el clima y en la biosfera.
SABÍAS QUE…
Greta Thunberg es una activista medioambiental sueca, centrada en los riesgos planteados por el calentamiento global.
Cuando Greta tenía 15 años, antes de las elecciones parlamentarias y para exigir al gobierno acciones firmes en contra del cambio climático, decidió protestar sentándose en las afueras del Riksdag (Parlamento sueco) todos los días durante la jornada escolar, junto con un cartel que decía Skolstrejk för klimatet (“Huelga escolar por el clima”).
Después de las elecciones, continuó protestando cada viernes. Poco a poco sus acciones lograron difusión a nivel mundial, inspirando a jóvenes de todo el mundo a participar en huelgas estudiantiles. En diciembre de 2018, más de veinte mil estudiantes realizaron manifestaciones en más de 270 ciudades en varios países, incluyendo: Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Italia, Japón, México, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Uruguay.
Estos cambios, a su vez, perjudican el bienestar de la humanidad, pues cada vez son más frecuentes las catástrofes naturales que privan a la gente de la vida, de la salud, de los alimentos y de las posibilidades de vivir una vida sin riesgos.
Es por ello que las organizaciones internacionales, en especial las Naciones Unidas, han reconocido el derecho al medioambiente, entendido como el derecho que toda persona tiene a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y seguro, adecuado para garantizar su salud y su bienestar, y a disfrutar de la biodiversidad presente en el mundo y a defender el sustento y continuidad de su entorno para las futuras generaciones (Resolución 45/94 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, aprobada en el Forum de Monterrey, México, en 2007).
La conciencia de que el bienestar de la humanidad en general y de las personas en lo individual depende de nuestra capacidad de mantener el equilibrio entre la persecución de los objetivos del crecimiento económico y la necesidad de cuidar nuestro entorno es cada vez una expectativa más compartida por muchas personas.
Estos dos objetivos no tienen porque ser contradictorios, sino que, al cambiar nuestro enfoque y nuestras prioridades, y al fortalecer los lazos de solidaridad y de colaboración, podemos abrirnos a las oportunidades de mejorar la calidad de vida de todas las personas sin sacrificar por ello nuestro propio futuro.
EN RESUMEN
- El derecho al desarrollo es un derecho humano que reconoce todo derecho humano para la mejora constante del bienestar.
- La idea del “desarrollo sostenible” sostiene que es indispensable que el derecho al desarrollo se armonice con la protección al medioambiente. Solamente de esta manera podemos mejorar las condiciones de vida de las personas, sin sacrificar por ello las posibilidades de supervivencia y desarrollo de las generaciones futuras.
- Los órganos internacionales de Derechos Humanos ya se han pronunciado para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Derecho a la educación
El derecho a la educación es uno de los derechos humanos fundamentales para permitir a las personas alcanzar un desarrollo pleno, libre y autónomo, y garantizarles las posibilidades de participar en todos los ámbitos de la vida colectiva de nuestras sociedades. El derecho a la educación implica el acceso a una educación básica gratuita obligatoria para todas las personas y a un acceso equitativo a la educación superior. Para que se pueda acceder a este derecho deben darse una serie de condiciones que tienen que ver con la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Esto quiere decir que el Estado debe procurar una cantidad importante y suficiente de escuelas —con infraestructuras adecuadas— para que todas las personas (niñas y niños; jóvenes, adultos) puedan acceder a una educación de calidad. También significa que esta infraestructura debe estar cercana a las personas y que debe procurar el acceso a todas sin ningún tipo de discriminación. Otro elemento importante es que las estrategias educativas tengan capacidad de adaptarse a las necesidades de las sociedades y comunidades así como también que sean sensibles a la diversidad de las y los estudiantes. Finalmente, resulta clave que la manera en que se enseña, los métodos de aprendizaje y los contenidos educativos sean aceptables, pertinentes y de buena calidad para todos los estudiantes, sin importar su origen, condiciones y características (Conde Flores et al., 2015: 66).
Este derecho está reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por otros instrumentos internacionales, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño. El marco internacional establece las responsabilidades de los Estados para garantizar la educación gratuita y accesible para todas las personas, pero, en especial, para niños y niñas. La importancia de garantizar el acceso a la educación para las personas menores de edad obedece a que sea una de las herramientas más efectivas para generar los cambios sociales y para fortalecer la igualdad entre las personas. Como decía el político, filósofo y abogado mexicano José Vasconcelos, quien llegó a ser Rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México (1920—1921) y Secretario de Educación Pública de México (1921—1924), “sólo los libros sacarán de la barbarie a este país”.
Como decía el político, filósofo y abogado mexicano José Vasconcelos, quien llegó a ser Rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México (1920—1921) y Secretario de Educación Pública de México (1921—1924), “sólo los libros sacarán de la barbarie a este país”.
Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso efectivo a la educación para todas las personas, pero esta obligación es distinta en relación con los diversos niveles educativos que existen en los sistemas educativos contemporáneos. Así, los gobiernos deben garantizar el acceso a la educación primaria gratuita a cualquier niño o niña, sin importar su nacionalidad, género, lugar de nacimiento, religión, color de piel o cualquier otro tipo de discriminación. La educación secundaria debe estar accesible y disponible, es decir, todas las personas que quieran cursar la secundaria deben tener esta oportunidad.
Finalmente, resulta clave que la manera en que se enseña, los métodos de aprendizaje y los contenidos educativos sean aceptables, pertinentes y de buena calidad para todos los estudiantes, sin importar su origen, condiciones y características (Conde Flores et al., 2015: 66).
SABÍAS QUE…
Malala Yousafzai era una niña que adoraba la escuela, vivía en el valle de Swat en Khyber Pakhtunkhwa, al noroeste de Pakistán, cuando un grupo de hombres que se denominan como “talibanes” que controlaban el gobierno local prohibieron a las niñas asistir a la escuela. Malala pensó que eso era injusto y decidió quejarse por ello en la televisión. Ella creía que “la educación les da poder a las mujeres. Los talibanes están cerrando las escuelas para niñas porque no quieren que las mujeres tengan poder”.
Dos días después, cuando Malala se subió al autobús escolar para ir a la escuela, dos talibanes pararon el bus y le dispararon en la cabeza. Malala sobrevivió y se convirtió en una luchadora por los derechos a la educación de las niñas y niños bajo la idea de que son los libros y lápices las armas más poderosas. “Una niña, una maestra, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”. Malala recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la igualdad.
Malala Yousafzai: Cambiando el mundo Naciones Unidas, s/f.
A pesar de la importancia de la educación y de la obligación de los Estados de garantizarla, de acuerdo con los datos de la organización Human Rights Watch , en 2019, 260 millones de niños y niñas alrededor del mundo no han podido asistir a la escuela. La mayoría de las niñas y niños sin acceso a la educación vivieron en condiciones de pobreza o en zonas de conflictos. Asimismo, las personas menores con discapacidad con frecuencia enfrentan dificultades en el acceso a la educación, y las niñas son particularmente vulnerables ante la deserción escolar debido al acoso sexual, matrimonio infantil y discriminación en razón de género. En los últimos años, la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 ha tenido un impacto negativo en el acceso a la educación alrededor del mundo, pero en especial en las sociedades de bajos recursos. Según los datos de la UNESCO , más de 1,200 millones de niñas y niños en el mundo han sido afectados por el cierre de las escuelas y por las desigualdades en el acceso a las tecnologías y recursos necesarios para la educación a distancia (conexión a Internet, acceso a una computadora o tableta o a la electricidad).
EN RESUMEN
- El derecho a la educación garantiza la posibilidad de recibir la instrucción formal a las niñas y niños, sin importar su nacionalidad, género, lugar de nacimiento, religión, color de piel o cualquier otro tipo de discriminación.
- La educación como derecho humano debe contribuir al desarrollo pleno de las personas, abriéndole la mente para conocer, entender, compartir, tolerar, discernir, criticar, movilizarse y participar en su comunidad.
- La educación es una de las herramientas más efectivas para lograr los cambios sociales y fortalecer la igualdad entre las personas.
Derechos a la libertad y a la autonomía
La autonomía es “la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles” (CEPAL, 2011). Se trata de un derecho inalienable que, además de ser un derecho en sí mismo, es el fundamento para el reconocimiento y ejercicio de otros derechos. Este derecho nos permite ejercer nuestra libertad y tomar decisiones sin temor a la violencia y sin que alguien más decida por nosotros. Implica reconocer que todas las personas tienen el derecho de decidir sobre sí mismas conforme a sus valores, motivos y razones, ejerciendo así su agencia.
Podemos distinguir entre distintos tipos de autonomía: la corporal (física), la económica, la decisional y la política.
La autonomía corporal implica la capacidad de las personas de decidir, de manera libre, sobre su propio cuerpo: sobre los tratamientos médicos a los que desea (o no) someterse, sobre si tener hijos (o no), sobre si tener o no relaciones con otra persona, entre muchos otros aspectos de control sobre nuestro cuerpo.
En muchos sentidos podemos decir que la autonomía corporal es indispensable para poder ejercer las otras autonomías y derechos, pues sin control sobre nuestros cuerpos difícilmente podemos tener el control sobre cualquier otro aspecto de nuestras vidas.
La autonomía económica hace referencia a la capacidad de las personas de generar recursos propios y de poder decidir sobre cómo estos se ejercen. Implica tener la posibilidad de decidir sobre sí y en qué una o uno desea trabajar, sobre cómo emplear los recursos económicos y materiales de los que se dispone (por ejemplo, poder decidir si se quiere comprar un coche, abrir una cuenta bancaria, o qué hacer con la herencia que se recibe o deja). La autonomía decisional habla de la capacidad de las personas de tomar libremente las decisiones cotidianas, como aquellas relativas a la realización de las tareas de cuidado, de poder desplazarse libremente, de poder elegir quién ser y cómo ser, de poder viajar y emigrar incluso a otros sitios cuando sus expectativas de vida o las condiciones en las que viven no les alcance y les lleve a otros sitios. Migrar es un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 13 y 14, reivindica claramente el derecho de las personas a moverse libremente y a buscar refugio y asilo en casos extremos donde su vida corre peligro.
Se puede hacer el bien, sin mirar a quién …
Las Patronas es un grupo de mujeres voluntarias de la comunidad La Patrona, en la localidad de Guadalupe, La Patrona, del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, que desde 1994 dan alimentos y asistencia a migrantes en su paso por Veracruz; principalmente en las vías del tren conocido como La Bestia, donde lanzan víveres a los migrantes. Su trayectoria en la asistencia y defensa de derechos de los migrantes les ha merecido reconocimientos varios, tales como el Premio Nacional de Derechos Humanos 2013.
En agosto de 2015 fueron nominadas al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, después de la campaña en change.org que logró reunir más de 50 mil firmas de apoyo.
La autonomía política, finalmente, se refiere a las posibilidades que tienen las personas de participar en la toma de decisiones públicas que impactan sobre sus vidas y sus comunidades. Una persona desarrolla su personalidad incluso cuando se involucra activamente en lo que ocurre en su entorno. No estamos solos sino que, por el contrario, formamos parte de una comunidad y nos relacionamos con otros cuando decidimos sobre las cosas que le preocupan o necesita nuestra comunidad.
Desafortunadamente, y a pesar de la enorme importancia de la autonomía corporal, muchas personas no la ejercen plenamente. Son fundamentalmente las mujeres quienes se enfrentan a las limitaciones o a la pérdida de la autonomía corporal. Por diversas razones, entre ellas los valores tradicionales, las costumbres o porque el Estado se arroga un derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, ellas no siempre pueden tomar las decisiones que consideren oportuna sobre su cuerpo. Conforme al Informe sobre el Estado de la Población Mundial de 2021 elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), casi la mitad de las mujeres en el mundo se ven privadas de su autonomía corporal. Este dato, que evidencia las profundas desigualdades de género que persisten en nuestras sociedades, hace patente también la falta de autonomía de las mujeres en los demás ámbitos de su vida. Esta no es una cuestión menor y es por ello que muchos Estados del mundo han tomado las riendas para impulsar medidas que permitan que las personas cuenten de manera efectiva con la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos. Por ejemplo, el 38% de los países han regulado de alguna manera el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y con ello el acceso al aborto en diferentes causales y períodos de tiempo o han tomado decisiones respecto a evitar la mutilación/ablación genital femenina con el fin de protegar a mujeres y niñas de esa práctica que violenta los derechos humanos (Belluchi y Norman, 2018: 48—49). Según los datos disponibles para 2016, a 200 millones de niñas y mujeres con vida se les había practicado mutilaciones genitales en 30 países de África, Medio Oriente y Asia. Según datos de UNFPA, si se mantiene esta práctica, las víctimas serán jóvenes de entre 15 y 19 años y alcanzará la horrorosa cifra de 20 millones en 2030 (Belluchi y Norman, 2018: 50).
EN RESUMEN
- La autonomía nos permite ejercer la libertad y tomar las decisiones sin temor a la violencia y sin que alguien más decida por nosotros.
- El derecho a la autonomía es el fundamento para el ejercicio de otros derechos humanos.
- Existen diferentes tipos de autonomía: corporal, decisional, económica, política.
Derechos a la identidad y no descriminación
El derecho a la identidad está asociado con los derechos a tener un nombre propio, una nacionalidad, una familia, una identidad jurídica (es decir, ser reconocido como persona por la ley) e incluso una cultura determinada. Sin embargo, en realidad, el derecho a la identidad no se puede equiparar con estos derechos y apela a una construcción más profunda de la identidad humana. El derecho a la identidad protege los atributos personales y las relaciones sociales significativas y conocidas de un individuo, que son todos aquellos elementos que distinguen a una persona de otros seres humanos (Altholz, 2007: 2).
¿Qué significa ello realmente? Que el derecho a la identidad nos permite desarrollar libremente nuestra personalidad, decidir quiénes queremos ser y con qué personas queremos desarrollar relaciones afectivas. El nombre, la nacionalidad y los lazos familiares son entonces una parte del derecho a la identidad, pero este no se agota en ellos. El derecho a la identidad implica que cada quien puede establecer su propia identidad sin que lo limiten en ello sus lazos familiares o expectativas sociales, y que esta identidad puede ser dinámica, es decir, puede cambiar a lo largo del tiempo.
Los Estados tienen la obligación de respetar, reconocer y proteger la identidad que libremente eligen las personas. El respetar la identidad significa que los gobiernos no pueden interferir en el proceso mediante el cual las personas construyen su identidad y no pueden imponer una identidad o algunos elementos de esta a un individuo. El reconocer la identidad exige de los gobiernos aceptar la identificación adoptada por las personas y crear las condiciones para que cada persona pueda desarrollar su identidad libremente.
Finalmente, el proteger la identidad implica que los gobiernos tienen la obligación de impedir que cualquier persona o grupo de personas puedan interferir en el proceso de construcción de identidad de un individuo.
Las sociedades contemporáneas y los gobiernos con frecuencia niegan el derecho a la identidad de las personas. Lo hacen, por un lado, estereotipando, encasillando y discriminando a las personas en razón de algunas de sus características, como el género, la etnia, la apariencia, el color de la piel, su manera de hablar, su nacionalidad. Imaginate que por tu color de piel o tu nacionalidad no puedas sentarte en el autobús, opinar sobre lo que ocurre en tu ciudad o enamorarte de quién quieras. Este proceso afecta tanto el desarrollo de la personalidad e identidad propias, como la capacidad de las personas de realizar un plan de vida o los objetivos que consideran valiosos y relevantes.
Muchas veces hay sociedades y gobiernos que pretenden impedir a las personas elegir libremente su identidad, al negarles los mecanismos legales y otros necesarios para la articulación de los procesos identitarios.
Esto afecta fundamentalmente a las personas de la diversidad sexual, cuya identidad de género (la convicción personal de pertenecer a un determinado género), expresión de género (la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona con un género) y/o orientación sexual (la atracción sexual que una persona siete según el sexo y género de las personas por las que se siente atraída) resultan distintas frente a las dominantes en una sociedad.
El desarrollo de este derecho a la identidad también exige que las personas de la diversidad sexual —personas LGBTTTIQ+: lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales, intersex, queer— puedan determinar libremente su identidad y expresión de género y sus preferencias sexuales, y que no deben ser objeto de discriminación. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la Resolución 17/19 Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, en la que señaló su grave preocupación por los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, que se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género. A pesar de ello, aún no se ha adoptado un instrumento internacional específico, en el marco del sistema de las Naciones Unidas, dedicado a la protección de los derechos de las personas de diversidad sexual.
Sin embargo, su protección deriva del reconocimiento de los derechos humanos codificados en otros instrumentos internacionales de protección, incluyendo la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la dignidad, el derecho a la identidad, a la igualdad y a la no discriminación de todas las personas. Todas las personas gozamos también el derecho a la no discriminación, que nos protege de ser discriminadas por cualquier motivo, como puede ser la raza, la cultura, el origen étnico, la nacionalidad, la orientación sexual, la religión, la discapacidad física, u otras características.
La discriminación se expresa de manera muy variada, incluso muchas veces de manera invisible. Las personas pueden ser discriminadas por razones y motivaciones diversas y también en diferentes grados de intensidad. Muchas veces las personas migrantes o las refugiados son discriminadas por otras personas que se sienten amenazadas por su presencia. Las mujeres y niñas migrantes incluso suelen vivir especialmente todo tipo de violencias.
Otras veces lo son quienes profesan creencias religiosas distintas a la que comparten la mayoría en una comunidad.
En algunas ocasiones las personas de la diversidad sexual son discriminadas por otras que son heterosexuales y que suelen reproducir actitudes homofóbicas que pueden derivar en delitos de odio. Incluso hay veces que nos discriminan por el color de nuestra piel, por nuestra manera de vestir o de hablar.
Los Estados tienen la obligación de adoptar las políticas y medidas necesarias para garantizar que todas las personas puedan ejercer todos sus derechos —el derecho a la identidad y los demás derechos humanos— sin ser objeto de discriminación.
SABÍAS QUE…
Mujeres migrantes
Dra. Alethia Fernández de la Reguera, Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 28 de junio de 2019
Dra. Alethia Fernández de la Reguera, Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 28 de junio de 2019.
EN RESUMEN
- El derecho a la identidad nos permite desarrollar libremente nuestra personalidad, decidir quiénes queremos ser y con qué personas queremos desarrollar relaciones afectivas.
- Los Estados tienen la obligación de respetar, reconocer y proteger la identidad que libremente eligen las personas.
Derechos a la igualdad
Uno de los derechos más importantes tiene que ver con la igualdad. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) provee el marco principal de acción para por una mayor representación al señalar enseña restablecer en su cuerpo la priorización del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley; esto bajo el entendido de que los derechos políticos son derechos humanos. En su Artículo II establece que “todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, idioma, credo ni otra alguna”. El derecho a la igualdad está reconocido también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
El derecho a la igualdad implica que, en cualquier país, las leyes, políticas y programas no deben ser discriminatorios; que las autoridades públicas no deben aplicar o hacer cumplir las leyes, políticas y programas de manera discriminatoria o arbitraria; que la ley debe proporcionar protección contra la discriminación; y que las leyes, políticas y programas deben promover la igualdad.
Estas obligaciones de los Estados se aplican al ejercicio de todos los derechos humanos y para todas las personas. Asimismo, se deben cumplir no solamente en la esfera jurídica, sino también la material. Es decir, que no es suficiente que las leyes garanticen la igualdad, sino que las personas deben tener las oportunidades reales de ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.
Cuando las sociedades no son igualitarias y, especialmente cuando las desigualdades son profundas, muchas personas no están en condiciones de ejercer sus derechos y/o de satisfacer sus necesidades básicas. En las sociedades desiguales, la desigualdad económica, vinculada con el ingreso que reciben las personas, se traduce en otras desigualdades como la disparidad en el acceso a la salud y a la educación, las posibilidades de las personas de vivir seguras, sin violencia, y en una vivienda digna. Todo ello impacta también en su capacidad de realizar sus objetivos de vida y afecta negativamente su capacidad de relacionarse con los demás, de participar en la cultura y en la vida pública. El derecho a la igualdad, entonces, refuerza la atención que debemos poner en la satisfacción de las necesidades básicas y de los derechos humanos como mecanismos para lograr este objetivo.
La desigualdad es un problema importante y ampliamente extendido alrededor del mundo. Para conocer la situación de las personas en distintos países, se ha elaborado un índice de pobreza multidimensional, que analiza las desigualdades en la salud, educación y nivel de vida. Los datos de las Naciones Unidas señalan que aproximadamente 1,300 millones de personas (el 22% de la población analizada en el reporte) viven en condiciones de pobreza extrema y luchan para satisfacer sus necesidades más básicas, como el acceso al agua potable, a la alimentación adecuada, a la salud y educación. La mitad de esas personas son menores de edad, y la gravedad de la situación que enfrentan está vinculada con su género y etnia. La generación de este tipo de mediciones es muy importante para poder visibilizar los problemas de pobreza y desigualdad, y para poder atenderlos, pues lo que no se mide, no se puede resolver.
SABÍAS QUE…
El Colegio de México
El Colegio de México.
La desigualdad es un problema importante también para la sociedad mexicana. En el Módulo 3 hemos dedicado un espacio importante para hablar de la falta de cohesión social, vinculada precisamente a las profundas desigualdades que persisten en nuestra sociedad y las consecuencias nefastas que esas carencias tienen sobre la convivencia y la paz del país. Sobre la construcción de la paz hablamos en el Módulo 6 pero es importante que vayas pensando las relaciones existentes entre estas dimensiones y la necesidad de pensarlas como un rompecabezas que interconecta diferentes partes entre sí.
EN RESUMEN
- El derecho a la igualdad es un derecho fundamental, necesario para garantizar a las personas el ejercicio de sus otros derechos.
- La igualdad debe ser reconocida en las leyes, pero también debe ser realizada a través de las políticas y decisiones públicas que garanticen a las personas la oportunidad real de ejercer sus derechos en igualdad con las y los demás.
Derecho a la justicia
Los tratados internacionales reconocen que todas las personas tenemos derecho a la justicia. ¿Qué significa tener ese derecho? Primero, el derecho a la justicia implica que todas las personas deben tener la posibilidad de presentar recursos legales cuando consideren que otra persona o el propio gobierno afectan sus derechos. Es decir, deben poder presentar una demanda o emplear otro mecanismo similar que obliga a las autoridades del Estado a analizar un caso y a garantizar que sus derechos sean protegidos. Para que esto sea posible, los Estados deben establecer mecanismos para la defensa de los derechos que sean accesibles para todas las personas y deben garantizar que las leyes sean justas e imparciales.
Segundo, el derecho de acceso a la justicia exige también que una persona que enfrenta cualquier proceso legal —penal o administrativo— debe recibir un trato igualitario ante los tribunales y cortes de justicia, y debe tener el derecho al debido proceso. El término debido proceso hace referencia a un conjunto de características con las que deben cumplir los procedimientos legales para garantizar los derechos a la defensa y a la justicia de todas las personas.
Piensa que una persona que se enfrenta a un proceso legal —porque, por ejemplo, fue acusada por un delito o fue tratada injustamente y demanda sus derechos— probablemente tiene miedo, está inquieta, quizá no entiende del todo en qué consiste el proceso legal que enfrenta o le faltan conocimientos jurídicos o lingüísticos para comprender las implicancias de lo que supone un acto o una decisión judicial.
Por el contrario, quienes imparten la justicia —las personas juzgadoras— y quienes se encargan de guardar el orden y hacer respetar la ley —la policía y el ministerio público— tienen amplios conocimientos de Derecho y de cómo funciona el sistema de la justicia. La persona que busca hacer valer sus derechos o que defiende su inocencia ante un tribunal se encuentra en una situación de desventaja y por ello debe recibir una protección especial por parte de laly, para garantizar que sus derechos (como la presunción de inocencia, el derecho a un audiencia, el derecho a la defensa, entre otros) sean siempre respetados.
SABÍAS QUE…
Aunque el acceso a la justicia debe ser igual para todas las personas, en la práctica es frecuente que quienes pertenecen a comunidades o grupos en situación de vulnerabilidad no pueden ejercer plenamente este derecho por desconocimiento de sus derechos y las leyes, por falta de recursos económicos o del tiempo.
Los Estados y, en especial, las autoridades de impartición de justicia, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para erradicar las desigualdades y garantizar el acceso a la justicia a todas las personas. Un ejemplo de buena práctica de un mecanismo efectivo para fortalecer el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad es la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas que creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Defensoría ofrece los servicios gratuitos de asesoría legal y de defensa de los derechos a los pueblos, comunidades indígenas y personas que los integren. Las defensoras y los defensores que trabajan en esta institución tienen conocimientos no solo del derecho electoral, sino de las diversas lenguas y culturas.
Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, los Estados deben garantizar la igualdad e imparcialidad de las leyes y de todas las autoridades encargadas de aplicarlas. Asimismo, deben implementar los mecanismos y políticas que garanticen a todas las personas el acceso a la justicia de manera efectiva. Como pasa con muchos otros derechos, nuestra situación particular y nuestras características —la edad, el género, la etnia, el nivel educativo, el nivel socioeconómico— tienen un impacto en nuestra capacidad de ejercer el derecho a la justicia. Para las personas educadas es más fácil entender las normas legales o cubrir el costo de contratar a un representante legal. En cambio, las personas que pertenecen a los grupos en situación de vulnerabilidad con frecuencia enfrentan dificultades para acceder a la justicia, por lo que requieren apoyo especial por parte de las instituciones (como el acceso a los servicios de traducción o defensa) para poder ejercer plenamente sus derechos
Son aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos (edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental), enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar.
Derecho a la salud
El derecho a la salud es un derecho a gozar de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades o dolencias. Sin embargo, el derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar sano: lamentablemente, por el momento es imposible proporcionar protección contra todas las posibles causas de las enfermedades. El derecho a la salud es, entonces, el derecho a tener acceso a los diferentes servicios, instalaciones y bienes, así como de las condiciones de vida adecuadas que son necesarias para mantenerse lo más saludable posible.
Se trata de un derecho muy complejo que incluye no solo el acceso a los servicios de atención sanitaria, sino también a las condiciones que determinan nuestra salud, como el acceso al agua potable, a un saneamiento y una vivienda adecuados, a una alimentación adecuada, a unas condiciones laborales y medioambientales saludables y al acceso a la educación e información relacionadas con la salud, de acuerdo con los estándares establecidos en las recomendaciones del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (E/C.12/2000/4).
La realización del derecho a la salud exige de los Estados proveer a todas las personas la atención médica que sea disponible (en suficiente cantidad y con una distribución territorial adecuada), accesible (todas las personas, sin importar sus condiciones y situación, deben contar con el acceso a los servicios), aceptable (los servicios de salud deben ser adecuados desde la perspectiva cultural y ética médica) y de calidad (los servicios médicos deben ser médicamente y científicamente apropiados y de buena calidad).
En el ejercicio del derecho a la salud son fundamentales dos aspectos: la información y la capacidad de decisión. Las personas deben tener el acceso a la información sobre su propia salud y sobre las opciones de tratamiento existentes para poder tomar decisiones informadas y que mejor les convengan para el cuidado de su salud y el alcance de otros objetivos vitales que puedan tener. Hay que reconocer que el ejercicio del derecho a la salud está afectado por las características y condiciones de vida de las personas. En ese sentido, una lectura de la interseccionalidad de las personas cruza — una vez más— las oportunidades de las personas de satisfacer las necesidad de salud.
En el ejercicio del derecho a la salud son fundamentales dos aspectos: la información y la capacidad de decisión. Las personas deben tener el acceso a la información sobre su propia salud y sobre las opciones de tratamiento existentes para poder tomar decisiones informadas y que mejor les convengan para el cuidado de su salud y el alcance de otros objetivos vitales que puedan tener. Hay que reconocer que el ejercicio del derecho a la salud está afectado por las características y condiciones de vida de las personas. En ese sentido, una lectura de la interseccionalidad de las personas cruza — una vez más— las oportunidades de las personas de satisfacer las necesidad de salud.
Además de las dificultades que enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, es importante reconocer que el género es uno de los elementos fuertemente diferenciadores, y a distintos niveles.
El ejercicio de la medicina tiende, todavía, a invisibilizar la situación específica de las mujeres y de las personas trans, por lo que con frecuencia hacen falta datos y conocimiento sobre algunas enfermedades, tratamientos o procedimientos y su desarrollo y efectos en función del género: la mayoría de las investigaciones y pruebas clínicas alrededor del mundo se realizan tomando en cuenta a los varones como pacientes universales. Las mujeres y las niñas enfrentan mayores dificultades en el acceso a los servicios de salud, lo que está relacionado con la discriminación y violencias estructurales que viven en nuestras sociedades. Finalmente, es común que muchas mujeres no tengan la capacidad y oportunidad de cuidar de su salud sexual y reproductiva, derivado de las restricciones impuestas por la sociedad y de la falta de la educación adecuada y del acceso a los medios idóneos de cuidado.
EN RESUMEN
- El derecho a la salud significa tener el acceso a los servicios y condiciones de vida necesarias
para que todas las personas nos mantengamos lo más saludables posible. - El ejercicio del derecho a la salud implica que las personas debemos estar en condiciones
de tomar las decisiones relativas a nuestra propia salud. Esto exige que las personas tengan
acceso a la información sobre su estado de salud y sobre los tratamientos disponibles.
Derecho a la vida y a la seguridad ciudadana
El derecho a la vida es el derecho humano más básico, más fundamental: es el derecho a tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida y a que esta no sea interrumpida por nadie. A partir de este derecho se puede ejercer cualquier otro derecho humano, pues hay que estar vivo para poder votar, ejercer la libre expresión, gozar de bienestar o definir su identidad. Es un derecho absoluto, es decir, un derecho que no puede ser suspendido, limitado o infringido por ninguna razón ni bajo ninguna circunstancia, ni siquiera durante un estado de emergencia (otros derechos absolutos son la libertad de pensamiento, conciencia y religión y la prohibición de la tortura, los tratos o penas inhumanos y los tratos o penas degradantes).
El derecho a la vida significa que nadie, ni siquiera un gobierno, puede intentar acabar con tu vida. También significa que el gobierno debe tomar las medidas apropiadas para salvaguardar la vida de todas las personas, elaborando leyes para protegerla y, en algunas circunstancias, tomando medidas para protegerte si tu vida está en peligro. Las autoridades públicas también deben tener en cuenta tu derecho a la vida cuando tomen decisiones que puedan ponerte en peligro o que afecten a tu esperanza de vida.
La protección del derecho a la vida implica que los Estados no pueden privar de la vida a una persona, ni siquiera a alguien que hubiese cometido un crimen grave. Los tratados internacionales de derechos humanos prohiben la pena de muerte y, gracias a los esfuerzos de la comunidad internacional, cada vez son menos los países que la mantienen en su legislación y todavía menos aquellos que la aplican. Aún así, de acuerdo con los datos de la Amnistía Internacional , 55 países en el mundo mantienen la pena de muerte en su legislación. Esto afecta -sin duda- los derechos de las personas.
Tener el derecho a la vida implica también tener el derecho a la seguridad: todas las personas tenemos el derecho a vivir sin miedo a los ataques, a perder la vida, al arresto arbitrario, a los actos violentos, a la detención o a los interrogatorios coercitivos.
La protección de este derecho exige que el Estado tome medidas adecuadas para proteger y garantizar la seguridad (tanto física como mental) de todas las personas, y lo hace a través de la labor de la policía y los servicios de emergencia, entre otros. La protección del derecho de la vida y a la seguridad es la obligación de los Estados no sólo respecto de sus ciudadanos y ciudadanas, sino respecto de cualquier persona. Es por ello que los seres humanos tenemos derecho al asilo, especialmente aquellas personas que ven peligrar su vida y deben huir de su país para encontrar un lugar seguro en el que tener un futuro. Y, aunque no lo creas, esto ocurre muchas más veces de lo que uno se imagina.
Las personas desplazadas o refugiadas, tanto internamente como internacionalmente (al interior de su propio país o quienes huyen de su país hacia uno distinto, debido, por ejemplo, a la violencia o catástrofes naturales), tienen derecho al reconocimiento de su situación, a no ser devueltos a su país de origen, y a tener el acceso a los servicios de salud, a la libertad de circulación, a la educación, al trabajo, a la libertad de pensamiento, culto y expresión, entre otras.
EN RESUMEN
- El derecho a la vida es el derecho a tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida y a que esta no sea interrumpida por nadie.
- El derecho a la seguridad significa vivir sin miedo a los ataques, a la pérdida de la vida, al arresto arbitrario, a la detención o a los interrogatorios coercitivos.
