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LOS LÍMITES AL PODER
¿POR QUÉ EL PODER NECESITA LÍMITES?
“Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente” – seguramente has escuchado en algún momento esta frase que Lord Acton, un erudito inglés, escribió en el siglo XIX. Acton expresaba en esta frase la idea de que el poder puede ser utilizado para hacer el bien o para hacer el mal, y que genera importantes tentaciones a quienes lo ejercen para imponer su voluntad, para realizar sus fines -que en ocasiones pueden ser nobles- a través de medios dudosos.
¿Recuerdas a Weber, el sociólogo alemán, que aportó a la Ciencia Política las definiciones del Estado y el concepto y la tipología de la legitimidad? Pues el mismo Weber, en sus reflexiones sobre el papel de la ética en el ejercicio de la política, distingue entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera, la ética de la convicción, se rige únicamente por principios morales y considera que siempre y, por encima de todo, se deben respetar estos principios. Por ejemplo, si uno de los principios que se adoptan es la verdad, la mentira se convierte en un mal, siempre e independientemente de las circunstancias. La segunda, la ética de la responsabilidad, en cambio, considera que el criterio último para decidir son las consecuencias de cada acción, entendiendo que las buenas acciones -como por ejemplo decir la verdad- en ocasiones pueden generar daño o lastimar a las personas.
Para Weber, una persona debería guiarse por una mezcla de ambas perspectivas; a sus ojos, “la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no son términos opuestos entre sí; son elementos complementarios que deben concurrir a la formación del hombre auténtico, a la formación del hombre que pueda tener ‘vocación política’” (Weber, 2007: 177). Sin embargo, le preocupaban aquellas personas que ponían la ética de la convicción por encima de todo, porque advertía que esta tiene un elemento mesiánico que permite evadir la responsabilidad de las acciones realizadas, pues las justifica a partir de un fin que pretende alcanzar: la igualdad, la verdad, la salvación. A estas personas, que buscan un fin ulterior y la grandeza que implica, se aplican otras palabras de Lord Acton: “Los grandes hombres son casi siempre malos”.
El poder necesita límites, para que quienes lo ejerzan no puedan guiarse únicamente por la ética de la convicción, sino que tengan que asumir la responsabilidad por sus actos, tal y como lo postula la ética de la responsabilidad.
En otras palabras: los objetivos del ejercicio del poder -la igualdad, el desarrollo, el bienestar- pueden ser muy nobles y definitivamente vale la pena perseguirlos como metas para nuestra sociedad. Pero en el camino a alcanzar esos fines no es válido violar los derechos y las libertades de las personas o ignorar la ley. Al menos esto no puede ocurrir en una democracia.
De esta manera, al exigir de quienes gobiernan la responsabilidad por sus actos y sus consecuencias, se logra la protección de nuestros derechos y de nuestra democracia. La idea del Estado de Derecho apunta precisamente a la necesidad de introducir los límites al ejercicio del poder, para que quienes lo ejerzan no puedan hacer cualquier cosa que se les ocurra, en el momento que se les ocurra y con los métodos que escojan. En una democracia, las decisiones que tomen las autoridades deben estar encaminadas a fortalecer los derechos y libertades, a la mejora de la calidad de vida de las personas, a la profundización del propio régimen democrático. Y en su realización también se deben respetar los derechos, las reglas y los procesos democráticos.
En algunas ocasiones puede ser que parezca que estos procesos son lentos, que son ineficientes, que retrasan o, incluso, impiden que se realicen los cambios que consideramos necesarios. Sin embargo, la lógica de estos procesos -incluso, el hecho de que sean pausados- obedece, precisamente, a la necesidad de imponer los límites al poder. Las transformaciones sociales y normativas que buscan el poder deben ser bien pensadas, analizadas en cuanto a sus objetivos y consecuencias, y deben ser debatidas ampliamente para lograr el apoyo de amplios sectores de la sociedad y, con ello, garantizar la legitimidad de esas decisiones. Así es como se debe ejercer el poder en una democracia.
EN RESUMEN
- El poder político requiere de los límites -establecidos por el Estado de Derecho- para evitar que en su ejercicio se violen los derechos humanos y las libertades de las personas.
- Los límites al ejercicio del poder son necesarios para garantizar que su ejercicio sea responsable por los resultados obtenidos y por los medios empleados.
¿DE QUÉ MANERA EL DERECHO LIMITA AL PODER?
Uno de los fundamentos de la democracia es la existencia de los límites al poder. Estos límites los establece el Estado de Derecho a través de la exigencia sobre los procedimientos de toma de decisiones -la legalidad- y los contenidos de estas decisiones -el respeto a los derechos y libertades y los principios democráticos-. Las decisiones públicas que no cumplan con estos dos requisitos simplemente no pueden ser consideradas válidas en una democracia.
El proceso en el cual el Estado de Derecho limita al poder es altamente complejo. Participan los tres Poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El Poder Legislativo es quien -lo dice su nombre- legisla, es decir, aprueba las leyes bajo las cuales va a actuar el mismo Congreso, los otros dos Poderes, así como todas las personas, los actores políticos, las empresas, entre otros. Todas las personas y todas las instituciones que existen y actúan en el marco de un Estado tienen la obligación de cumplir con la legislación vigente. En este sentido, el Poder Legislativo plantea los grandes objetivos o dirección en la cual se debe desarrollar el Estado y establece las rutas que se deben seguir para ello. Por ejemplo, si pensamos en la política educativa, es el Congreso quien aprueba las leyes que pueden establecer la gratuidad de la educación, los principios que se deben seguir para garantizar el acceso y una determinada calidad de la educación.
El Poder Ejecutivo se hace cargo de la gestión cotidiana del Estado y la realiza a través de las políticas públicas y gestión administrativa. Quien encabeza el Poder Ejecutivo -el Presidente y su gabinete, el Primer Ministro y su gobierno- diseña las políticas específicas encaminadas a lograr los objetivos del Estado. La administración pública abarca las distintas instancias del gobierno que realizan funciones determinadas y prestan servicios a la población: aquí entran, por ejemplo, las escuelas, los servicios de salud y la policía, entre muchas otras dependencias. Todas estas dependencias analizan la situación de las personas y diseñan las políticas más idóneas para mejorar la calidad de vida de todas y todos.
El Poder Judicial, a su vez, es el encargado de la impartición de la justicia. Quienes lo integran -jueces y juezas- estudian los casos que suponen conflictos entre personas y entre las autoridades, interpretan las leyes, determinan las responsabilidades por posibles violaciones a la ley e imponen sanciones a quienes resulten responsables. Su función es fundamental para que todas las personas y todas las autoridades respeten la ley y los principios de la democracia. Los tres poderes del Estado están vinculados por los límites que establece la ley, en especial, la Constitución y los tratados internacionales. Es por eso que actúan como “pesos y contrapesos” ya que son relaciones mutuas de autoridad que les permite a los Poderes controlarse unos a otros. El entramado de las leyes y de las relaciones entre las instituciones establece una constante vigilancia y equilibrio de poder entre ellas. Es de esta manera que el Derecho establece las limitaciones al poder.
EN RESUMEN
- El Estado de Derecho establece las limitaciones al poder al fijar las reglas para su ejercicio y establecer un sistema de equilibrios en el cual ningún órgano del Estado cuenta con el poder absoluto.
- Para limitar al poder es necesaria la división de este -entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial- y una constante vigilancia mutua entre estos (y de estos) para garantizar que ninguno actúe fuera del marco de la ley.
